Tras siete meses detenida, Rocío San Miguel todavía no cuenta con una defensa privada
El abogado González Taguaruco recordó que todavía, siete meses después de la detención de San Miguel, no hay fecha para la “apertura de la audiencia de juicio oral y público”
Han transcurrido siete largos meses desde que la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fuera privada de su libertad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, una detención que ha sido catalogada de injusta y sobre la cual se han denunciado múltiples irregularidades.
De acuerdo a lo manifestado a Efecto Cocuyo por uno de sus abogados, Juan González Taguaruco, desde su detención y hasta el momento ha sido imposible una la defensa privada, porque el Estado le adjudica una defensa pública, pese a contar con un equipo de letrados.
“No ha sido posible la constitución de la defensa técnica, y en este tribunal, ni tramitan las designaciones hechas por su familia y por el Consulado General del Reino de España antes, ni reciben las nuevas, bajo el argumento absurdo, que el familiar no es parte en el proceso, obviando el contenido del artículo 127.3 del Código Orgánico Procesal Penal”, manifestó el abogado.
La única persona autorizada para visitar a San Miguel es su hija Miranda Díaz, quien también fue detenida el pasado 9 de febrero y poco después fue liberada.
“La única persona autorizada para visitar a la Dra. San Miguel, es su hija, quien la visita dos veces por semana”, destaco González Taguaruco, quien también ofreció novedades sobre el caso.
“El expediente seguido a Rocío San Miguel fue remitido el día 3 de septiembre de 2024, al Juzgado Especial 3.º de Terrorismo, a cargo de la juez Alejandra Romero”, dijo el defensor.
Y es que al no haber sido juramentada su defensa técnica, los abogados de la defensora de Derechos Humanos no han tenido acceso a su expediente en todo el tiempo que lleva detenida.
De la misma manera González Taguaruco también recordó que todavía, siete meses después de la detención de San Miguel, no hay fecha para la “apertura de la audiencia de juicio oral y público”.
Hay que recordar que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro vinculan a Rocío San Miguel con una presunta operación denominada “Brazalete blanco”, que buscaba ejecutar un magnicidio en el país. Sin embargo, las palabras del fiscal, Tarek William Saab, no recibieron crédito por decenas de activistas por los derechos humanos, organizaciones internacionales e incluso cuerpos diplomáticos.
A pesar de las irregularidades, el Ministerio Público decidió avanzar con su investigación en contra de San Miguel y mantener su presunta vinculación en la operación antes mencionada.
Aunque la defensa de la directora de Control Ciudadano no ha podido juramentarse, espera que este año se cumplan con ciertos avances.
“La expectativa es que este año se disponga la apertura del juicio, donde seguramente insistirá, en audiencia pública, que designa a sus abogados de confianza”, dijo Juan González Taguaruco .
