Transparencia Venezuela: Retrasos, discriminación y amenazas marcan pauta en los CLAP
La compra de alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se ha convertido en una tarea titánica. Pese a que cada vez son más las familias que dependen de esas cajas o bolsas de comida, los despachos han empeorado.
La ONG Transparencia Venezuela en el primer trimestre del año recibió 91 denuncias sobre irregularidades con el programa estatal, cuya supuesta temporalidad ya se ha extendido por tres años.
De acuerdo con la ONG, los reclamos de los ciudadanos pueden agruparse en ocho categorías, entre las que se encuentran retraso en la entrega de los alimentos, discrecionalidad a la hora de realizar los censos y los pagos, aprovechamiento indebido de los productos, agresiones físicas o amenazas a la integridad, control social, alimentos en mal estado, ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control.
El retraso en la entrega de los productos subsidiados sigue siendo el principal reclamo de los ciudadanos, quienes hicieron 31 denuncias. Según declaran, la bolsa o caja CLAP tarda entre cuatro y siete meses en llegar, pese a que la promesa del Gobierno es la entrega de la caja cada 21 días.
“La caja llega cada cuatro meses, no cumplen con lo que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ha dicho, cada 15 días o por menos una al mes”, precisó un ciudadano que hizo llegar su denuncia a Transparencia Venezuela.
El tiempo mínimo registrado de retraso es de dos meses, pero algunas familias han tenido que esperar hasta un año para adquirir los productos subsidiados.
A las irregularidades en los tiempos de entrega se agregan 27 denuncias sobre la discrecionalidad en el registro de los beneficiados y otros 20 reclamos por el aprovechamiento indebido de los productos, en especial por cajas que fueron entregadas “abiertas” o “incompletas”.
Del caos a la amenaza
Transparencia Venezuela también recibió 27 denuncias relacionadas con irregularidades al momento de realizar el censo, una actividad a cargo de los llamados jefes de calle. Nos llegaron reclamos sobre la inclusión de personas que no poseen carga familiar, o que no residen en la comunidad, y la exclusión de familias sin dar información sobre el motivo que da origen a esa medida.
Otras denuncias recibidas tratan sobre la ausencia de procedimientos para desincorporar del censo a aquellas familias que han emigrado del país, lo cual ha originado que algunos miembros del CLAP dispongan de los alimentos de la familia ausente. “Existe el caso de vecinos que se han ido del país y no sabemos el paradero de sus cajas, y el CLAP sigue recibiendo el mismo número de cajas”, apuntó uno de los denunciantes.
De las 20 denuncias recibidas por el aprovechamiento indebido de los productos de las cajas se desprende la molestia de los ciudadanos porque las cajas que “fueron entregadas abiertas o incompletas”.
“Las cajas del CLAP vinieron violentadas. No trajo aceite, caraotas, enlatados, mayonesa, salsa, ni azúcar. Se llamó a la jefa de calle y lo que respondió fue que no podía hacer nada, que las agarrábamos así o las devolverían y que si no las aceptamos así nos iban a bloquear y quitarían el beneficio”, dijo una de las denunciantes.
Al menos 12 de esas 20 denuncias se refieren a la reventa de productos CLAP con un precio igual o mayor al del mercado. También se recibieron siete denuncias por agresiones físicas o amenazas a la integridad, la mayoría por opiniones contra el Gobierno y la gestión de los CLAP. También fue denunciada la participación de los grupos civiles armados, llamados colectivos, y órganos policiales como el FAES como parte de la coacción a los ciudadanos.
“Amenazan diciendo que quienes van a entregar la bolsa son los colectivos y que van a matar a los que hablen mal del gobierno”, señaló uno de los denunciantes.
El denunciante agregó que a principios de junio de este año dos hombres desconocidos se le acercaron y le dijeron que lo tenía identificado y que si seguía ‘insistiendo’ lo iban a atacar con las FAES.
También se recibieron ocho denuncias más relacionadas con el control social que se evidenciaron en la suspensión del beneficio por las siguientes razones: manifestar una tendencia política diferente a la del partido de Gobierno, por realizar protestas contra el Ejecutivo, o contra la gestión de los miembros de los CLAP.
El informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señala expresamente esta situación: “El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP, porque no eran partidarias del Gobierno”.
Se recibieron dos denuncias por alimentos en mal estado y otras siete por ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control. Cuatro de los denunciantes manifestaron que acudieron al Estado Mayor correspondiente a su comunidad e, incluso, a las alcaldías, para manifestar su inconformidad, pero no obtuvieron respuesta.
Fueron recibidas otras denuncias por discrecionalidad en el pago: dinero recaudado en cuentas personales que los miembros del CLAP disponen, la solicitud del pago con poco tiempo de anticipación y exigencia de dinero en efectivo a pesar de la escasez de billetes en Venezuela.
También hubo denuncias sobre el cobro de montos superiores al que anunció el coordinador general de los CLAP, Freddy Bernal, quien afirmó que el precio de la caja es de 9.000 bolívares a partir del 15 de junio de 2019. A esta cantidad se debe sumar pagos de transporte y gastos por impresión de formatos para el proceso de entrega de la caja, que se fijan discrecionalmente.
Lea el informe completo en Transparencia Venezuela.
