Trabajadores “revocados” por el referéndum

El camino por activar el referéndum revocatorio, propuesto por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como un intento por cesar el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, ha traído consigo más de una polémica.

Actualmente la consulta electoral se encuentra en un limbo “técnico” en el que, a falta de pronunciamientos certeros por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), se desconoce si el mecanismo se ejecutará este año o el próximo.

Aunado a esta incertidumbre, se encuentran los casos de personas que voluntariamente dieron su apoyo para que el revocatorio continuara su curso, decisión que, denuncian, les ha traído como consecuencia la destitución de sus puestos de trabajo.

Greimar Díaz es una mujer invidente, quien poseía un puesto de comida y venta de artesanías en el parque Waraira Repano, actividad que le fue cesada el pasado 23 de junio cuando le notificaron que no le renovarían su contrato laboral “por no cumplirle a la patria”.

La Consultoría Jurídica del parque me notificó que no me renovarían el contrato, pero yo no entendía cuál era la razón, así que me dirigí a la oficina del gerente, quien me dijo que la decisión se debía a que no había cumplido con la patria al haber firmado por el referéndum revocatorio.

Según Díaz, las autoridades del lugar la presionaron a retirar su firma como medida para poder recuperar su trabajo, pero luego de realizar el proceso no hubo una respuesta oportuna, y posteriormente se negaron a regresarle su espacio laboral.

Yo les dije que necesitaba el trabajo porque de él dependían cuatro familias. Me hicieron retirar la firma y para nada, porque igual no me renovarán el contrato.

Al igual que ella se encuentra Johan Olivo, quien hasta el 28 de junio fungía como Jefe de la División Nacional de Planificación y Prevención de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), luego de ser informado de su destitución mediante una carta de la compañía, junto con, al menos, otros seis compañeros.

Admitió que aunque no les expresaron directamente que el motivo de los despidos fue la estampa su rúbrica para el revocatorio, “hay mucha casualidad en que todos los que fuimos destituidos firmamos y ratificamos nuestra firma. Los que están saliendo de la empresa éramos gerentes, en su mayoría con más de 20 años de experiencia, con conductas intachables. No había ninguna justificación para despedirnos”, agregó.

Violación de Derechos Humanos

Respecto a estas denuncias, el abogado del Foro Penal, Alonso Medina Roa, aseveró que los casos representan la “mezquindad perversa por parte del Ejecutivo” con la que se están violentando y desconociendo “los derechos de los trabajadores, como lo son la participación política y el derecho al trabajo”, enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por su parte, la Constitución de la República establece en su artículo 70 que entre los medios de participación que posee el “pueblo en ejercicio de su soberanía” están: la elección de cargos públicos, la consulta popular, las iniciativas legislativas, el referendo y la revocatoria del mandato.

No obstante, Medina Roa indicó que este artículo es vulnerado cuando se establece cualquier tipo de presión sobre un empleado en función de restringir su derecho a la participación política activa, debido a que “este no debe ser condicionado o subordinado, independientemente del cargo que se ocupe en la administración pública. Solicitar un referéndum revocatorio, además de constitucional, se ejerce de manera colectiva y no guarda relación con la forma en la que las personas realizan sus actividades en sus puestos de trabajo».

Incremento de casos

Luego de finalizar la primera fase del revocatorio, que comprendía la validación del 1% de firmas solicitadas por el CNE para iniciar el proceso de activación, casos por situaciones similares a las de Olivo y Díaz han incrementado.

En días pasados se conoció que al menos 400 estudiantes en el estado Zulia fueron retirados del programa de becas de la gobernación, llamado Jesús Enrique Lossada (JEL), por aparentemente firmar por el revocatorio, misma razón que alegan trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de la misma entidad, quienes también fueron removidos de su cargo.

Pero estas situaciones no solo se han presentado en la administración pública. La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) informó que alrededor de 52 funcionarios entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) también fueron despedidos argumentándose criterios políticos.

Medina Roa, abogado defensor de DDHH, criticó que estas violaciones sean apoyadas por los altos representantes del Gobierno Nacional, haciendo referencia a las declaraciones realizadas por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, quien exhortó a los directores de entes públicos a cesar sus funciones en caso que se determine su participación en la solicitud de referéndum, acción calificada por el parlamentario como “antirevolucionaria”.

Según Medina Roa, lo peor no es que se realicen estos pronunciamientos, sino que instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Trabajo, no respondan oportunamente, “a pesar de que están llamadas a velar por los trabajadores y sus derechos”.

Represión a la disidencia

Para el también experto en derecho penal, en los últimos años se ha intensificado el deterioro de los derechos políticos en Venezuela, “limitando el ejercicio de los mismos cada vez más”, acompañado por una profunda “represión” ejercida por los efectivos de seguridad del Estado contra la disidencia política en el país.

Según cifras del Foro Penal, desde enero del 2014 hasta finales de junio de este 2016, se han registrado 5.853 detenciones. Del mismo modo, 1998 personas están bajo régimen de presentación “por haber manifestado en contra del Gobierno Nacional”.

“Lo que se ha visto es un incremento de la represión en el país. En el año que Nicolás Maduro asumió como presidente de la República, en Venezuela había alrededor de 11 presos políticos. Hoy en día esa cifra se elevó a los 96”, advirtió el jurista.

Denuncias en instancias nacionales e internacionales

Medina Roa explicó que estas y otras denuncias han sido evaluadas por el Foro Penal, ya que en los próximos días procederán a interponer acciones judiciales ante las autoridades nacionales competentes, a fin de que estos hechos «no queden impunes y se defiendan los derechos de los ciudadanos”.

“Próximamente se darán a conocer estas nuevas retaliaciones hacia los ciudadanos por parte del Gobierno, quien pretende descalificar la profesionalización de estos grupos de trabajadores por simples razones de carácter político”, puntualizó el abogado.

Además, informó que tienen previsto presentar los casos a la Comisión de Ciudadanía de Derechos Humanos del Parlasur, quienes están en el país para conocer el estado físico y judicial de los llamados “presos políticos” Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, y los diputados electos Rosmit Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo.

Asimismo, Medina Roa señaló que se está estudiando la posibilidad de elevar estas denuncias a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).