Tomás Guanipa descontento con nulidad de Ley de Telecomunicaciones
El presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, rechazó este viernes la sentencia emitida por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que se declara la nulidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Guanipa indicó que el TSJ “evidencia nuevamente un sesgo y una falta de apego a los lineamientos constitucionales y muestra nuevamente la intención de desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que siguen actuando al margen de sus atribuciones constitucionales”.
Este viernes el máximo juzgado del país dejó sin efecto las modificaciones que la Asamblea Nacional realizó a la Ley de Telecomunicaciones y a la de Contraloría, por considerar que la misma está inhabilitada para legislar en virtud del desacato en el que ha incurrido al incorporar a los diputados de Amazonas.
En ese sentido, rechazó que desde la Sala Constitucional sigan tratando de entorpecer la gestión del parlamento bajo el argumento del “desacato”, indicando que la ponencia del Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos justifica la “nulidad” de la Ley, porque según su apreciación, fue aprobada “en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República”, reseñó en la nota de prensa.
El también Secretario General Nacional de Primero Justicia dejó claro que los argumentos jurídicos esgrimidos por la Sala Constitucional son un entramado de afirmaciones y consideraciones en las que se busca proteger al Gobierno al confundirlo con el Estado, mientras que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones tiene como objeto proteger al ciudadano.
Guanipa señaló que “es evidente que la Ley de Reforma Parcial viene precisamente a establecer unos medios fundamentales para que, en materia de Telecomunicaciones, puedan cumplirse dichos fines esenciales no estableciéndose ninguna tendencia política de Estado Mínimo sino de Ciudadano Máximo, individual y comunitariamente considerado, para que todas las personas puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones y así lograr precisamente los fines esenciales del Estado”.
