Súmate alertó que allanamiento a inmunidad de parlamentarios compete solo a la AN
Súmate alertó que en los últimos años el Poder Ejecutivo ha utilizado, de acuerdo con sus intereses políticos, al Poder Judicial y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para «desconocer las funciones de los ciudadanos investidos por el voto popular para ejercer su representación en cargos públicos como diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores de estado, alcaldes y concejales de municipios, vaciando de contenido el sagrado ejercicio del derecho al sufragio».
De acuerdo con la ONG lo anterior se evidencia «al no permitir el ejercicio del poder político obtenido por los representantes electos a través del mandato que les otorga el voto de millones de ciudadanos, generando así una crisis institucional y política, que atenta contra los principios constitucionales de separación de poderes y sin precedentes en la historia de la democracia en Venezuela».
Consideró que con el caso de los diputados Julio Borges y Juan Requesens, «nuevamente el Ejecutivo Nacional utiliza a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, integrada únicamente por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para que vulnere el estado de derecho y proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria».
Sobre la detención arbitraria del diputado por el estado Táchira, Sumate aseguró que «los organismos de seguridad del Estado violaron su inmunidad parlamentaria y el debido proceso, sin permitirle el ejercicio de sus derechos constitucionales y sin que sus familiares y abogados conozcan su lugar de reclusión y condiciones de salud, lo cual viola lo establecido en los artículos 44, 46, 49 y 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Súmate destacó que se trata de una conducta sistemática del Ejecutivo Nacional, «que ha utilizado al Poder Judicial y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente para desconocer el mandato popular de millones de ciudadanos que con su voto», lo cual se ha verificado en otras oportunidades en casos como los de los alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho y El Hatillo, David Smolansky entre otros.
Recordó la organización que la ANC «destituyó al gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por negarse a juramentarse ante esa instancia y usurpó las funciones de la Asamblea Nacional al haber decretado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Germán Ferrer y Freddy Guevara, éste último incluso mientras ostentaba el cargo de vicepresidente» del parlamento.
La ONG recordó que los funcionarios electos o designados deben someterse a la Carta Magna «y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, con el fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder del Estado, tal como lo establece el artículo 7 del texto constitucional: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución».
Finalmente, Súmate hace un llamado a las autoridades del Estado a someterse al imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes, tal como lo exigen los artículos 7, 19, 25, 131 y 137 del texto constitucional; y contribuir a que la salida de la crisis política, económica y social sea por la vía constitucional, democrática, pacífica y electoral.
