Una nueva etapa para los colectivos, por Javier Ignacio Mayorca

Cuando estas líneas sean publicadas, probablemente estará en marcha una ronda de inspección a las industrias del agro y los alimentos en el centro del país, en el marco de la nueva misión ideada por el gobierno de Nicolás Maduro, llamada Abastecimiento Soberano. La mayor responsabilidad al respecto la tendrán los militares comisionados por el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Sobre este punto han colocado la mirada la mayoría de los analistas. Lo que no se ha anotado es que los miembros del Ejército o de la Guardia Nacional podrán estar acompañados por miembros de los colectivos armados que operan en la zona donde se llevará a cabo la actividad.

¿Cómo será esto posible? El decreto presidencial que activa la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado en Gaceta Oficial el 12 de julio, señala que esta actividad será coordinada por un Comando Nacional, que abre dos espacios concretos para la participación de los colectivos. Por una parte, los ya conocidos comités locales de abastecimiento y producción (claps), coordinados por una cara conocida para estos grupos, el ex diputado Freddy Bernal. Por la otra, el llamado Frente Francisco de Miranda, un conglomerado de grupos (de allí la denominación de “frente”) cuyo exponente político más conocido es el ex canciller y diputado Elías Jaua.

La acción de los colectivos en una actividad tan delicada como el abastecimiento de alimentos y otros productos de consumo masivo ya ha sido percibida por vecinos de toda Caracas. En el oeste, cuando han defendido de las policías a los vendedores ambulantes que ofrecen alimentos a precios de bachaqueo. En el este, cuando llegan con uniformes de milicianos y en motos de baja cilindrada para colocar en puestos “salidores” de las colas a personas de su preferencia.

Ahora, estos mismos colectivos u otros tienen la bendición para llegar a las empresas a exigir o a conceder. Por si no estuviesen armados, los acompañarán los militares.

Los colectivos, además, poseen una noción clara sobre lo que pueden pedir a los dueños de comercios e industrias, por ejemplo, en el oriente del país, donde hay claros nexos con ciertos sindicatos. Esto sucede en la industria petrolera y las ensambladoras de vehículos, por citar algunos ejemplos.

El decreto sobre la creación de esta gran misión dice mucho sobre a quiénes Maduro está cediendo espacios de poder. Es clara su intención de favorecer un sector militar, representado por el general en jefe Vladimir Padrino, ratificado por tercer año en el ministerio de la Defensa y en el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Esto a sabiendas del efecto corruptor que tiene en los cuarteles cualquier actividad donde se maneja tanto dinero sin control, como es el caso de la distribución de alimentos.

En contrapeso, se ha cimentado el nexo clientelar entre los grupos civiles armados y el régimen. El Frente Francisco de Miranda ratificó en su última publicación (Colombeia) su disposición a defender el gobierno de Maduro en todos los planos, incluido desde luego el de las armas.

Con la entrada de Maduro al poder, tras la muerte de Hugo Chávez, los colectivos entraron en una fase de replanteamiento de su relación con el régimen. Hubo una fractura que quedó evidenciada cuando un sector del secretariado nacional que los aglutina aprovechó las violentas protestas de febrero de 2014 para eliminar a su mayor exponente, Juan Montoya. Eso fue lo que se conoce en el ámbito penitenciario como un “cambio de mando”.

La brecha con el Gobierno parecía profundizarse luego del incidente en el sótano del edificio Manfredir, en octubre de ese mismo año, cuando cinco integrantes del frente 5 de Marzo murieron a manos de agentes de la policía judicial, en un oscuro procedimiento. Los colectivos pusieron entre la espada y la pared a Maduro, y éste optó por enviar de “vacaciones” al entonces titular del ministerio de Relaciones Interiores al mayor general Miguel Rodríguez Torres.

A partir de allí, los colectivos se han multiplicado en todo el país. En 2014, cuando Rodríguez Torres intentó desarmarlos (sin mucho ánimo, cabe señalar) se hizo un censo preliminar y fueron contados 98. Esta cifra coincidía con la que manejaba el propio secretariado.

Sin embargo, parecían carecer de un propósito concreto, más allá de los negociados que se pueden sellar con la organización de ferias alimentarias en el 23 de Enero y ciudades del interior. E igualmente participar en algunas redes de extorsión que operan abiertamente en Candelaria y a lo largo de toda la avenida Sucre de Catia.

Con esta nueva gran misión, Maduro les dio un objetivo y, desde luego, un motivo más para defender al patrono. Esta situación ya es del conocimiento público internacional. En la solicitud de activación de la Carta Democrática, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro observó que las colas frente a los comercios eran vigiladas por “guardias armados”. Con ello no se refería a los militares o policías, sino precisamente a miembros de estas agrupaciones, cuyo origen y propósito es difícil explicar a quienes no estén empapados de la realidad venezolana.