Provea: Víctimas de torturas aumentaron 500% en 2019
Es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en Venezuela
Un monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y septiembre de 2019, reveló que en los primeros 9 meses del año se denunció a nivel nacional un total de 34 casos de torturas que incluyeron a 554 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.
Esta alarmante cifra constituye un aumento de 508,25% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas.
Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014.
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Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas.
En los primeros 9 meses del año se registró un aumento de 508% respecto al número de víctimas contabilizado en 2018. El Cicpc y la Dgcim encabezan la penosa lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela.
La mayoría de las torturas fueron a presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron -por segundo año consecutivo-, los principales afectados por la tortura en Venezuela.
En 2018, Provea expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales en Venezuela, y advirtió que, a pesar de su recurrente uso como mecanismo de castigo contra detenidos, no constituía aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.
La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por funcionarios militares de Nicolás Maduro.
