OVP: Vista hermosa, una masacre llena de promesas sin cumplir
Hace 18 años la violencia tiñó de sangre el Internado Judicial del estado Bolívar, mejor conocido como Vista Hermosa. Durante la masacre 7 privados de libertad perdieron la vida y otros 50 resultaron gravemente heridos.
Después de un arduo trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en conjunto de los familiares de las víctimas, quienes nunca bajaron los brazos ni perdieron la sed de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó a Venezuela por los hechos
No obstante, hasta la fecha el Estado venezolano no ha reparado los daños de las víctimas, ni ha respondido ninguno de los mandatos de la sentencia.
En homenaje a las víctimas y sus familiares, el OVP presentó un informe denominado “Vista Hermosa: Una masacre llena de promesas sin cumplir”.
Carolina Girón, directora de esta organización no gubernamental, manifestó que en el informe se plasma cada golpe, cada disparo y cada maltrato. Se relata detalladamente cómo fue el proceso de investigación nacional e internacional de este caso, además se exponen los relatos de los familiares de los fallecidos en la masacre, de sobrevivientes y de aquellas personas que participaron en la investigación de este suceso acaecido el 10 de noviembre del 2003.
Por su parte, Humberto Prado, fundador de OVP y actualmente director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP), comentó que, cuando suceden este tipo de hechos en penales, por lo general se responsabiliza a los presos y a sus familiares.
En ese sentido, recordó que en efecto cuando sucedió la masacre de Vista Hermosa, la primera versión de las autoridades fue que se trataba de un motín entre internos por el control del penal.
Sin embargo, Prado recalcó que como organización decidieron trasladarse hasta Bolívar y entrar al establecimiento, donde obtuvieron información de primera mano. Hablaron con los sobrevivientes, quienes aclararon que no se trató de un motín sino de unas ejecuciones extrajudiciales a manos de efectivos de la Guardia Nacional y de funcionarios penitenciarios.
Los presos además le entregaron una carta donde relataban cómo fueron los hechos y en la que quedaba en evidencia que los funcionarios castrenses ingresaron al penal con la excusa del conteo diario, pero finalmente dispararon a mansalva contra la población penitenciaria.
Las víctimas fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.
En ese entonces, OVP también pudo constatar que los fallecidos eran los líderes de los pabellones, quienes además habían fungido como voceros en una huelga de hambre que duró 15 días para exigir mejor alimentación, el cese de los maltratos y mejoras generales en las condiciones de reclusión.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado representante de las víctimas y actualmente presidente del Instituto de DDHH Asociación Mundial de Juristas, recordó cómo desde el primer momento este caso fue un desafío. Les tocó recabar evidencias y testimonios de lo sucedido, y posteriormente convencer al Ministerio Público que había un caso para que este fuera investigado.
“Un cúmulo de pruebas, recabadas de exhumaciones a los cadáveres de las víctimas, confirmó lo que denunciaba OVP”, comentó Gutiérrez, quien además recordó que por esta razón fueron solicitadas órdenes de aprehensiones contra los responsables, lo que se terminó convirtiendo en una batalla entre la Fiscalía y los Tribunales.
A pesar de que las órdenes de aprehensión fueron liberadas, hubo violaciones graves al debido proceso y esa justicia que las víctimas buscaban no llegó. Esta fue una de tantas razones por las que las familias, con apoyo de OVP, acudieron a instancias internacionales.
En otro orden de ideas, María Daniela Rivero, consultora en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional, quien además fue la encargada junto a OVP de llevar el caso en la CorteIDH, relató que el caso se convirtió en un verdadero reto.
Este caso fue presentado en 2019 y se tuvieron que reconstruir los relatos y testimonios, además de presentar a las víctimas. Fue en el 2020 cuando concedieron la audiencia, la cual fue interrumpida por la pandemia, aún así se logró meses después que la corte escuchara a las víctimas por primera vez.
Sentencia de la Corte IDH
La CorteIDH estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y ordenó las siguientes medidas de reparación integral:
1. Obligación de investigar: el Estado deberá reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda por los hechos ocurridos en la cárcel de Vista Hermosa el 10 de noviembre de 2003, para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de tales hechos.
2. Medidas de rehabilitación:
a. El Estado deberá brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a las 27 víctimas lesionadas.
b. El Estado deberá brindar de manera gratuita tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los familiares de las víctimas fallecidas.
3. Medidas de satisfacción:
a. El Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la integridad de la sentencia en el sitio web oficial del Ministerio Público.
b. El Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.
Asimismo, el Estado deberá reformar su legislación para delimitar las causales para autorizar que autoridades militares ingresen a centros penitenciarios, con la previsión de la excepcionalidad de su actuación y garantizando la adecuada regulación, así como la subordinación y fiscalización, respecto de las autoridades civiles.
El Estado no ha respondido a ninguno de los mandatos de la CorteIDH, el penal de Vista Hermosa en la actualidad tiene más de 3 mil privados de libertad en sus instalaciones, continúan bajo la figura del pranato, quienes manejan armas de alto calibre, además del tráfico de estupefacientes y la custodia externa del penal sigue en manos de la Guardia Nacional.
