OVP denunciará a ministra Varela por movilizar presos en actos políticos
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado Sifontes, expresó este lunes su rechazo ante la participación de reclusos en actividades políticas, las cuales han sido organizadas por la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.
En este sentido denunció que el pasado 6 de junio de 2016, la ministra instaló una «Tribuna Antiimperialista» en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios, ubicado en El Rosal, municipio Chacao, actividad para la cual ordenó la movilización de los privados de libertad del Internado Judicial Yare III, Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y el Rodeo III.
Asimismo el pasado 17 de junio, Varela junto a 300 reclusos acudió hasta la sede del Ministerio Público para interponer una denuncia por presuntas irregularidades en la recolección de firmas para el referendo revocatorio. La ministra aseguró que varios privados de libertad «aparecían firmando» en las planillas.
Ante tal situación, Prado rechazó «la utilización de privados de libertad para realizar actividades de proselitismo político», al tiempo que condenó la actuación de la ministra, ya que asegura que «está violando sus deberes y obligaciones constitucionales como funcionaria del Estado».
Abuso de Poder
El director del OVP calificó como «irresponsable» la actuación de la ministra ya que pone en riesgo a la ciudadanía, «¿Quién autorizó a la Ministra Varela a realizar el traslado de estos reclusos?», cuestionó.
«La normativa penal es clara al establecer que los únicos motivos para realizar el traslado de un recluso, es por atención médica o para la presentación ante los tribunales, siempre y cuando sean autorizadas por un juez, además pueden participar de actividades culturales y de formación, más no en actos políticos», explicó Prado.
Informó que en las próximas horas presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, para que se abra una investigación por los hechos. «Pedimos que se garantice la protección y seguridad de los privados de libertad, así como de todos los ciudadanos; este hecho refleja un abuso de autoridad por parte de la ministra, una irresponsabilidad al poner en riesgo a la población», destacó.
Por último agregó que acudirán hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el relator de personas detenidas ante las Américas, para exponer el caso.
