Ministerio Público designa fiscales para investigar a «traidores»
El Ministerio Público (MP) anunció este jueves la designación de dos fiscales para investigar a los «traidores a la patria» que respaldaron las sanciones económicas contra el país adoptadas por Estados Unidos el viernes pasado, que fueron aplaudidas por la oposición.
«Hemos designado en este caso también, dos fiscales del MP que van a investigar estos hechos y sepan ustedes algo (…) qué interesante que prácticamente el primer artículo (del Código Penal) cuando usted comienza a leer te habla de estos supuestos que usted ha señalado, de traición a la patria», dijo el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Dos días después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobara iniciar un «juicio histórico» contra los «traidores a la patria» que pidieron y apoyaron las sanciones, el fiscal explicó que la investigación se centrará en quienes hicieron un «escandaloso llamado a intervención militar, no solo a bloqueo económico».
Saab hizo este anuncio en una rueda de prensa en la sede del MP en Caracas, en la que resaltó la gravedad de la postura de la que el oficialismo acusa a la oposición, que sí ha respaldado las sanciones pero rechazó la «opción militar» para Venezuela que dijo contemplar el presidente estadounidense, Donald Trump.
«Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial de Venezuela», declaró la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado emitido el domingo.
«Se ha llamado al ahogo económico del país. Eso perjudica desde el empresario emprendedor que quiere producir puestos de trabajo, generar una riqueza sana y lícita, darle a Venezuela los bienes que necesita, hasta al más humilde campesino», afirmó Saab, que fue nombrado el 5 de agosto fiscal por la ANC.
Una orden ejecutiva de la Administración estadounidense prohibió específicamente las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)», así como las «negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, y pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela».