Manifestantes se concentran frente a la Embajada española por la liberación de Rocío San Miguel
Decenas de manifestantes se desplazaron este martes a los exteriores de la Embajada de España en Venezuela para exigir la liberación de la activista Rocío San Miguel, detenida en el pasado 9 de febrero por su supuesta implicación en una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro.
Varias ONG entregaron una carta a la misión diplomática española en Caracas en la que piden «su intervención» ante lo que consideran es una detención que viola los derechos fundamentales de la activista.
La coordinadora de la organización Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, comentó que la Embajada española se comprometió a «hacer todas las gestiones que dentro del marco de sus obligaciones y sus derechos consulares pueden hacer». «Van a seguir insistiendo en el debido proceso, que sus abogados sean juramentados lo antes posible y que puedan acceder al expediente«, añadió Rendón en declaraciones recogidas por la ONG Provea.
Rendón señaló que las autoridades diplomáticas españolas tienen «un compromiso muy importante y genuino» con este caso. Asimismo, recalcó que las organizaciones seguirán abogando por la liberación de San Miguel, de quien destacan que «es inocente«.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, recordó que San Miguel cuenta con medidas cautelares de protección dictadas por el sistema interamericano, por lo que su detención -subrayó- muestra «el estado de vulnerabilidad que queda para el resto de los ciudadanos».
«Es importante recalcar el llamado a la solidaridad internacional y a la comunidad internacional. Lo que ha ocurrido no ocurre en un gobierno democrático«, aseveró Murillo, quien cree que los «riesgos han aumentado en Venezuela» para todos los ciudadanos desde el día del arresto de la coordinadora de la ONG Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la actividad militar.
La directora de la ONG Control Ciudadano está acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo.
En la protesta, participaron exdiputados opositores -miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- que consideran «inconstitucional e injusta» esta detención, que ha sido repudiada por numerosas organizaciones internacionales.
