Aseguran tener pruebas de la posible ejecución de Óscar Pérez
La organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, Human Rights Watch (HRW), afirma tener pruebas que sugieren que el expolicía Óscar Pérez, «habría sido víctima de una ejecución extrajudicial».
Pérez quien murió, junto a otras seis personas, el pasado 15 de enero en una casa del sector El Junquito después de que «agentes de fuerzas de seguridad, junto con miembros de un grupo armado partidario del gobierno, que en Venezuela se conocen como ‘colectivos’, rodearan la vivienda donde se escondían», afirmó Tamara Taraciuk Broner , investigadora de HRW.
Según la investigadora, Taraciuk, el estado venezolano calificó a las víctimas de «terroristas» y alegaron que fallecieron tras un «enfrentamiento»; sin embargo, esta organización declara que «hay pruebas» de que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales. 
«Pérez publicó en las redes sociales varios vídeos afirmando que él y sus colegas estaban siendo atacados, y que habían iniciado negociaciones con las autoridades para entregarse», indicó Taraciuk Broner.
«Acta de defunción delató lo que el Gobierno intentó encubrir»
Asimismo, el acta de defunción indica que la causa de la muerte, de Pérez, fue un único disparo en la cabeza, sin embargo, luego de ver el cuerpo de la víctima, «la hermana de una de las personas fallecidas manifestó que tenía la cabeza destruida y que advirtió orificios de ingreso y salida de bala en la cabeza», agregó la investigadora, Tamara Taraciuk.
Es de considerarse, además, que «las acciones del Gobierno desde que ocurrieron los hechos sugieren que intentó encubrir lo que realmente ocurrió», pues las fuerzas de seguridad destruyeron el edificio donde Pérez y los otros estaban ocultos.
Ni la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ni el Gobierno de Maduro han permitido a los familiares tener acceso a los cuerpos, denuncia HRW, al indicar que también «ignoran la voluntad de los familiares, que querían decidir cuándo, dónde y cómo enterrar a sus seres queridos».
«El cuerpo de Pérez, el último en ser enterrado, fue llevado sorpresivamente a un cementerio de Caracas en la madrugada del 21 de enero. Solo dos familiares pudieron estar presentes durante el entierro», aseguró Taraciuk.
«Las autoridades venezolanas comenzaron el año 2018 actuando como si les estuviera permitido encubrir posibles ejecuciones extrajudiciales», denunció Human Rights Watch, al hacer un llamado a la comunidad internacional para que exija un esclarecimiento de los hechos.
