Hacinamiento en calabozos del Zulia puede originar una tragedia como la de PoliCarabobo
Después de dos años y medio de haber quedado abandonadas y en ruinas, las instalaciones del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia son un símbolo de la fallida política penitenciaria del «Gobierno bolivariano».
Esta fue la conclusion de Transparencia Venezuela, luego de que realizara una investigacion en 2016, junto al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), llamada Los Papeles de la Prisión, que terminó con una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la ministra Iris Varela y otros funcionarios de la administración penitenciaria por corrupción y violación de los derechos humanos de las personas sometidas a juicio penal en la región.
En esta investigación, Transparencia Venezuela logró conocer que entre 2012 y 2016 el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias –dependencia del MPPSP- recibió en total Bs 36,4 millardos. Sin embargo, durante esos cuatro años a los proyectos de ampliación, recuperación, dotación y construcción de edificaciones penitenciarias solo se les asignaron Bs 2.401.176.821.
De la misma forma, la organización denuncia que la única obra nueva del régimen carcelario en el estado más poblado de Venezuela, donde hay cerca de 3 mil privados de libertad recluidos en calabozos policiales, fue dejada a medio construir y presa del más impune vandalismo.
Cresmo C.A., la empresa constructora contratada sin licitación por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, dejó a su suerte un complejo de 15 hectáreas y 17 edificaciones destinadas a alojar provisoriamente a 850 procesados judiciales desde noviembre de 2014.
Tragedia de PoliCarabobo puede repetirse en Zulia
En los calabozos policiales zulianos en promedio caben 30 detenidos, pero se ha recluido en ellos hasta 300 o incluso más. El ex secretario de Seguridad Ciudadana de Zulia, Biagio Parisi, funcionario del Ejecutivo regional en el gestión del ex Gobernador Francisco Arias Cárdenas, declaró en noviembre de 2015 que para ese momento el hacinamiento en retenes y estaciones policiales era de 128 %.
Hay 25 centros de detención policial en el estado Zulia: 15 son estaciones del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), uno de PoliMaracaibo, uno de PoliSur, cuatro del CICPC, uno del Sebin y los retenes de San Carlos y Cabimas.
En la propia capital del estado, Maracaibo, actualmente no hay centros de arresto preventivo ni de reclusión de procesados, ni cárceles para los privados de libertad con condenas. La Cárcel Nacional de Sabaneta fue clausurada en 2013 y el retén de El Marite fue evacuado en 2016.
Los 3 mil reclusos procesados o penados que hay en Zulia, según la ex ministra del Servicio Penitenciario Mirelys Contreras, están distribuidos en calabozos policiales. Todos los retenes y comisarías policiales zulianos están enclavados en comunidades muy pobladas, generalmente cerca de servicios asistenciales y centros educativos, como ocurre en Maracaibo y Cabimas.
Las constantes fugas de detenidos y reos de la justicia afectan a las zonas residenciales cercanas a las estaciones de policía más hacinadas. Desde el cierre del centro de arrestos de El Marite y al menos hasta julio de 2017, 77 recluidos se fugaron de comandos policiales en Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Villa del Rosario. En varios casos, con saldo fatal y en situaciones de serio riesgo para la comunidad.
A mediados del año pasado, el diario La Verdad de Maracaibo alertaba sobre el hacinamiento de calabozos al informar que el colapso de las estaciones de policía propicia la fuga de reclusos de alta peligrosidad, en algunos casos con la complicidad de los custodios, tal como ocurrió en octubre cuando se evadieron de la comandancia local de la PNB 14 delincuentes juzgados en tribunales.
El Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia y los demás recintos abandonados por el gobierno bolivariano y las empresas contratistas, son altamente requeridos para combatir el hacinamiento y la confusión de procesados, penados y detenidos en estaciones policiales y centros de arrestos preventivos.
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