Desplegados 200 Cicpc en Mérida para investigar muertes en protestas
Nora Sánchez /Mérida
@norasan16
Desde este viernes en horas de la tarde 200 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se encuentran en Mérida realizando las investigaciones pertinentes de las muertes y los heridos que han dejado las protestas registradas en la ciudad y otros municipios, desde el pasado mes de abril.
Así se conoció a través de un boletín de prensa del Gabinete de Seguridad y Paz del Gobierno de Mérida, en el cual el jefe de este gabinete, Oscar Aponte Landaeta, informó que los cuerpos policiales están desplegados en la entidad andina «con el propósito de garantizar a los ciudadanos tranquilidad, debido a los hechos violentos acaecidos».
La medida se aplica luego de que este viernes estuviera en la ciudad de El Vigía (municipio Alberto Adriani), el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien giró instrucciones precisas a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al Cicpc y a los demás órganos de seguridad ciudadana para pacificar al estado Mérida.
Informó además del ingreso a la entidad de un contingente de fuerzas especiales del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
Durante la reunión sostenida entre el ministro Reverol y las autoridades civiles y militares de la entidad, fueron designadas seis zonas de seguridad en el estado, las cuales conforman los municipios Libertador (Mérida) y Campo Elías (Ejido) además de los ejes Panamericano, Valle del Mocotíes, Páramo y Pueblos del Sur.
Este viernes, estudiantes y dirigentes de oposición denunciaron allanamientos irregulares a residencias de ciudadanos que presuntamente han participado en las manifestaciones y protestas.
A tribunales militares quienes violen la ley
Los delitos militares que se cometan durante las manifestaciones serán procesados por tribunales militares, aseguró el jefe del Gabinete de Seguridad y Paz, Oscar Aponte Landaeta, quien detalló que esos delitos son: «ultraje al centinela, instigación a la rebelión y daño a los bienes propiedad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
Pese a la aclaratoria, Aponte Landaeta señaló que el Estado respetará las protestas pacíficas pero acotó que «las manifestaciones que se tornen violentas serán repelidas con contundencia».
Activan decreto que prohíbe circulación de motorizados
Desde este sábado el gobierno regional activó de nuevo, tras varios meses de no aplicarlo, el decreto 314, el cual prohíbe la circulación de motorizados entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
El decreto, el cual en su momento fue rechazado por este gremio por considerar que coarta libertades, no cuenta con un reglamento que regule las restricciones que se implementaron, a fin de garantizar seguridad para los ciudadanos y evitar los accidentes de tránsito que aumentaron en gran medida las estadísticas de heridos y lesionados por el uso de este tipo de transporte.
Oscar Aponte Landaeta manifestó que dicho decreto se aplicará con mayor énfasis desde este sábado.
En lo que a la seguridad del Estado se refiere, el jefe del Gabinete de Seguridad y Paz, indicó que las policías de los municipios Libertador (Mérida) y Campo Elías (Ejido), pasaron al control operacional de la GNB.
