Cepaz registró 17 casos de persecución y criminalización contra comunicadores y políticos en diciembre
Durante el mes de diciembre, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registramos 17 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos.
Patrones identificados
Las acciones de persecución y criminalización identificadas en el monitoreo han sido categorizadas como patrones, porque forman parte de un conjunto de actuaciones que de forma sistemática y reiterada han sido ejecutadas durante todo el año 2021.
Estos patrones que hemos identificado son: dos cierres de emisoras de radio, tres actos de amenazas u hostigamiento, cuatro programas de radio fueron censurados, tres inhabilitaciones políticas, cuatro detenciones arbitrarias y un bloqueo de una página web
Persecución a personas trabajadoras de la comunicación
Contra personas trabajadoras de la comunicación identificamos 10 actos. El cierre de 2 emisoras de radio, que a pesar de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones alegó que se debía al vencimiento de la concesión, coincide con el hecho de que la emisora es propiedad de Carlos Barrios, periodista y alcalde del municipio Ospino, estado Portuguesa. Barros, identificado con la oposición, calificó el hecho como un acto de represalia política.
Asimismo, registramos el cierre de cuatro programas de radio, tres de ellos de la misma emisora, cuyos directivos fueron obligados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a sacar varios programas de su parrilla por ser contrarios a los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. El cuarto programa de radio nuevamente responde a motivos políticos, ya que era conducido por el ex candidato opositor a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano.
También identificamos dos detenciones arbitrarias a un periodista y su motorizado mientras hacían un reportaje. Y pudimos documentar un acto de amenaza y hostigamiento contra otro periodista que fue víctima de la presencia de funcionarios de seguridad armados en su residencia. Por último, identificamos el bloqueo de la página web de un medio de noticias digital.
Persecución contra personeros políticos
Contra personeros políticos fue posible identificar siete actos de persecución. Una amenaza colectiva, en la que no hemos podido determinar la cantidad de las víctimas. Como parte de esta acción Nicolás Maduro advirtió que tomará medidas ejemplarizantes contra los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela que dividieron a la población en las pasadas elecciones regionales. Esta acción constituye un acto de persecución política que viola las libertades de pensamiento y expresión.
El segundo acto de amenaza se ejecutó contra el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, quien fue intimidado por Diosdado Cabello de interponer una denuncia ya que las recomendaciones hechas por el Rector como parte de su trabajo, han sido consideradas como un ataque a la gestión de Maduro y al partido político que representa.
Por otra parte, identificamos dos detenciones arbitrarias, que involucra a la familia de un dirigente político: el hermano del excandidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Lunar, y su chofer. El dirigente político afirmó que se trata de una retaliación por impugnar los resultados de las pasadas elecciones regionales.
Inhabilitaciones políticas
Por último, durante el último mes del año 2021 identificamos tres inhabilitaciones políticas. Las víctimas de las inhabilitaciones arbitrarias fueron Aurora Silva de Superlano, Aldemaro Sanoja y Julio César Reyes, candidatos propuestos por la oposición para la repetición de las elecciones en Barinas.
La inhabilitación política ha sido un patrón de sanción discrecional que se acentúa en contextos electorales en Venezuela. El mes de noviembre y diciembre, en el marco de la celebración de las elecciones regionales y municipales, no fue la excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro, a través del uso de la Contraloría General de la República, se ha valido de las inhabilitaciones para evitar el ejercicio de cargos públicos de los principales dirigentes políticos de oposición e incluso de aquellos que siendo pro gobierno han sido considerados enemigos por postular candidaturas propias.
Estas inhabilitaciones ocurren en un contexto de persecución, con el objetivo de acabar con el pluralismo político en Venezuela y perpetuar el gobierno de Nicolás Maduro. Lejos de ser una sanción legitima se trata de un acto arbitrario y por tanto violatorio de los derechos políticos establecidos en la Constitución Nacional y en los distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
