Carlos Julio Rojas, primer periodista juzgado por un tribunal militar

El caso de Carlos Julio Rojas ha llenado de consternación al gremio de la prensa. El dirigente social, quien se convirtió en el primer periodista que ha sido juzgado por un tribunal militar desde que inició la ola de manifestaciones contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, hace más de tres meses, cumplió ya una semana detenido, acusado por presunta traición a la patria y rebelión militar.

Su arresto se produjo el pasado 6 de junio en la parroquia La Candelaria, en el oeste de Caracas, según informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, en mensajes publicados a través de su cuenta en Twitter.

El funcionario indicó que al periodista le habrían incautado “un bolso con artificios lacrimógenos” y, a su vez, aseguró que estaba vinculado con la “quema de un vehículo blindado (VN4) el pasado 8 de junio” en el mismo sector.

https://twitter.com/NestorReverol/status/883170111053594624

https://twitter.com/NestorReverol/status/883170154183610368

 “Viacrucis” procesal

Desde ese momento comenzó un “viacrucis” para conocer el estado reclusión del comunicador, según contó Sol Rojas, madre del también luchador social durante una rueda de prensa realizada este miércoles desde la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en la cual fueron denunciadas irregularidades en el proceso judicial contra su hijo.

Sol narró que en el momento que se enteró que Carlos Julio estaba siendo detenido se trasladó al sitio en donde se llevó a cabo el arresto y vio cómo le recubrieron la cabeza con una tela negra y lo montaron en un vehículo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). “Después escuché que uno de los policías le decía a otro que se había ganado 30 días de vacaciones por la detención”, ese permiso “lo pagó Néstor Reverol”, afirmó.

Cuando llegó al lugar donde fue llevado el periodista, observó cómo guardaban el teléfono celular de su hijo en un sobre, supuestamente porque “el ministro Reverol lo estaba pidiendo”. Ella se presentó como abogada, pero los funcionarios no le permitieron visitarlo y le dijeron que la “palabra abogado no existía, eso es en los tribunales”. Sin embargo, le aseguraron que  sería enviado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Helicoide.

Una vez allí, los efectivos del cuerpo policial le indicaron que Rojas estaba recluido en el lugar, pero le impidieron verlo. Incluso su otra hija, Carla, estuvo a punto de ser apresada, pues los agentes del Sebin la acusaron de tomar fotografías de las instalaciones. “Tuve que interceder para evitar que la detuvieran”, rememoró.

Fue el pasado sábado 8 de julio cuando Sol pudo visitar a su hijo en la sede de la PNB de Nuevo Circo, en el centro de la ciudad capital. “Vi a mi hijo mal, con las manos golpeadas”, pero “me dice: Mamá hay que luchar”, destacó la madre.

Tras este encuentro, Carlos Julio Rojas fue trasladado a los calabozos de la Zona 7 de la PNB, en Boleíta, Este de Caracas. “Donde están los mayores delincuentes, asesinos y vendedores de drogas, lo peor”, relató Sol, quien además aseveró que pidió una fe de vida y le mostraron una foto de su hijo esposado en el suelo, junto a otros reclusos.

Estuvo en las celdas del organismo de seguridad hasta que el Tribunal 2do de Control Militar lo sentenció a permanecer aprehendido en la cárcel militar de Ramo Verde, mientras continúe el juicio.

Irregularidades del caso

Por parte de la defensa de Carlos Julio Rojas la conclusión es clara: Su detención es “ilegal” e “inconstitucional” y con el caso se estarían materializando las amenazas de voceros del oficialismo contra el gremio periodístico.

“Todo es parte de un guion, pues como en la jurisdicción ordinaria hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, quieren pasar ahora ese guion para las detenciones arbitrarias” a través de instancias militares, denunció la abogada Elenis Rodríguez, miembro del equipo de defensores del periodista.

De acuerdo con la jurista, Rojas le habrían sembrado 5 granadas de humo, pese que al momento de su aprehensión solo llevaba consigo cuatro kilos de papa que había comprado en un supermercado de La Candelaria. Estos presuntos elementos incautados estarían reflejados en el acta emitida por la policía.

“Todo lo desarrollado en el acta policial no tiene nada que ver con delitos de naturaleza militar y así se lo hicimos saber al juez”, pero “lo más triste es que para poder justificar la detención arbitraria de un civil tuvieron que hacer una siembra para aplicar el tipo penal sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada”, sostuvo.

La defensa advirtió que Rojas estaría enfrentando una condena de 30 años de prisión por el delito de traición a la patria, situación que calificaron como un “bodrio jurídico”, pues alegan que el implicado jamás ha participado o dirigido a ningún grupo armado para deponer al Gobierno Nacional.

“El cuento del delito de traición a la patria y la rebelión militar hasta un niño de primaria sabe que todo eso es mentira y totalmente falso”, manifestó Rodríguez.

Cuestionó, además, el desconocimiento de la fiscal encargada del caso, pues solicitó la privativa de libertad argumentado un supuesto peligro de fuga del país, sin tomar en cuenta que Rojas se encuentra bajo régimen de presentación ante el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana (AMC) desde el año 2015.

Él atravesó esta situación, señaló Rodríguez, por apoyar a los vecinos de La Candelaria en actividades en rechazo al desabastecimiento de alimentos y medicinas que generaron largas colas en establecimientos comerciales de la zona.

“Pudo haberse ido del país, debido que no tenía una prohibición de salida, pero no lo hizo porque se quedó luchando en Venezuela por los habitantes del municipio Libertador”, remarcó.

Amenazas de “colectivos”

Durante la rueda de prensa, la abogada Elenis Rodríguez también denunció que uno de los testigos que declaró en contra de su defendido sería un presunto miembro de un “colectivo”, al cual Rojas había denunciado hace más de 15 días ante el Ministerio Público tras haber recibido diversas amenazas de muerte.

Su madre aseguró que Armando José Díaz Zabala habría sido uno de los integrantes de bandas armadas afectas al oficialismo que ha amenazado en varias oportunidades a su hijo. “Él ha gritado en la puerta de mi casa: Carlos Julio cobarde te vamos a asesinar”. Narró que en una ocasión advirtieron que iban a matarlo junto a su hija, aunque esta última era su sobrina.

Instancias nacionales e internacionales

El Colegio Nacional de Periodistas también se pronunció sobre este caso. Rechazó la detención de Carlos Julio Rojas, siendo la primera que involucra a un miembro de la prensa en juzgados militares, y en tal sentido exigió su inmediata liberación.

“El CNP no está dispuesto a mediar y, mucho menos, a ceder la defensa de Carlos Julio Rojas absolutamente a más nadie”, expresó la secretaria general de la institución, Lisbeth De Cambra.

Insistió que el hecho es “inaceptable” y responsabilizó al ministro Néstor Reverol sobre los abusos contra el derecho al libre ejercicio del periodismo, contemplado en la Constitución de la República en sus artículos 57 y 58.

“Es muy difícil, pero lo que tenemos para defendernos es nuestra dignidad periodística y la ley (…) Estamos claros que ningún periodista está a salvo. A los regímenes de este tipo no les gusta la libertad de expresión, ni que se informe”, manifestó la representante gremial.

Por su parte, el coordinador de investigaciones de la ONG Provea, Inti Rodríguez, afirmó que el caso de Rojas ubica a la administración de Nicolás Maduro “en la misma línea de dictaduras como la Pinochet, Videla y Fujimori”.

Recalcó que presentarían el caso ante diferentes organismos internacionales en función de unir esfuerzos para lograr la excarcelación del luchador social.