Armando Armas pide investigar violación de DDHH a vecinos en Lechería
El diputado y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, Armando Armas, solicitará al Ministerio Público iniciar una inmediata investigación para determinar responsabilidades por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los vecinos del municipio Urbaneja (Anzoátegui), por parte de supuestos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y autoridades civiles nacionales y regionales.
El parlamentario se refirió concretamente a los hechos ocurridos el jueves 13 y el viernes 21 de julio, en horas de la noche, cuando presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron de manera violenta, con tanquetas, portando armas de fuego y sin órdenes de allanamiento, en Residencias Las Palmeras, Morro Humboldt y Guaica Mar, en Lechería.
También denunció la detención ilegal de 12 personas, entre ellas tres menores de edad, sin orden judicial previa y por hechos no ocurridos en flagrancia, así como la retención de cuatro vehículos particulares.
Armas denunció que la toma del municipio Urbaneja por funcionarios castrenses forma parte de una estrategia para amedrentar y militarizar todo el país, amparados en la implementación del Plan República y en las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.
“Todo esto evidencia el carácter sistemático de la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y el patrón de persecución política que ha instaurado en el país, delito tipificado en el artículo 7.1, letras E y H del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en franca contravención de los artículos 44 y 49 de la Constitución Nacional, referidos a la inviolabilidad de la libertad personal y el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia”, explicó.
El diputado argumentó que existen suficientes pruebas testimoniales, audiovisuales y fotográficas, que demuestran cómo supuestos funcionarios militares y policiales derribaron portones, destrozaron carros y cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales, dispararon perdigones y se introdujeron en los inmuebles, violando el derecho a la inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 47 de la Carta Magna y poniendo en riesgo la vida de los habitantes.
“El Mayor General Kevin Cabrera Romero, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental (Redior), declaró públicamente que fue quien dirigió estas acciones y ordenó a los efectivos bajo su mando rebasar el marco de las competencias de la Fuerza Armada Nacional, la cual no es ni puede actuar como un órgano de seguridad ciudadana. Esto ocurre bajo el amparo de quien ejerce como encargado de la Gobernación de Anzoátegui, Nelson Moreno, autor intelectual del asesinato del joven César Pereira y de la herida que sufriera el estudiante Oscar Fuentes, producto de un disparo de metra que lo mantiene en condiciones de salud delicadas. Es Moreno quien ordena a los cuerpos de seguridad el uso desmedido de la fuerza contra los ciudadanos civiles y desarmados, tanto en protestas pacíficas como dentro de sus casas”.
El dirigiente político pidió a los funcionarios públicos que actúen apegados al artículo 25 de la Constitución y rechacen órdenes que violen la Carta Magna, ya que de lo contrario serán objeto de sanciones penales, civiles y administrativas, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. “Tanto Cabrera Romero, como Nelson Moreno y todos los que violen los derechos humanos de las personas sujetas a detenciones arbitrarias, así como los daños contra su propiedad, tendrán que vérselas con la justicia nacional e internacional, ya que estos delitos no quedarán impunes”.
Pidió al Ministerio Público, como titular de la acción penal, realizar las averiguaciones pertinentes, ya que existen evidencias de las agresiones que a diario sufren los residentes del municipio Urbaneja y que mantiene en zozobra a la población.
Exigió de manera formal y de conformidad con el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, que el MP impute a los culpables de estos hechos, tanto a los autores materiales como a los superiores que ordenaron la actuación delictiva de los funcionarios militares y policiales. “La Constitución Nacional establece en sus artículos 29, 30 y 75 que el Estado debe investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por autoridades, indemnizar a las víctimas y proteger a las familias como base fundamental de la sociedad”.
