9 personas más fueron detenidas por casos de corrupción en Cadivi – Cencoex
Este miércoles, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ofreció un balance acerca de las acciones emprendidas por la Ministerio Público en la lucha contra la corrupción por los casos de Cadivi – Cencoex.
Indicó que desde hace una semana hasta este miércoles fueron privados de libertad nueve personas, entre ellas, Gabriel Peña Riera y María Margarita Sígala de Múñoz, accionistas de la Azucarera Río Turbio C.A. Peña y Sígala serán acusados por los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Asimismo, Tarek aseguró que existen ocho órdenes de aprensión sobre el caso de la Azucarera Río Turbio.
«Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 con sobrefacturación para cometer fraude al Estado venezolano», explicó Saab.
C.A Central La Pastora
Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la C.A Central La Pastora también resultó detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuando estaba por salir de país.
Según Saab, por este caso existen siete órdenes de aprehensión. «Esta empresa está señala por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel».
En este sentido, el fiscal aseguró que el central azucarero La Pastora, en el estado Lara, pasará a manos del Estado venezolano, pues fue “usado para cometer fraude importador para la obtención irregular de divisas”.
El fiscal general dijo que la empresa “procuró un pago indebido por la cantidad de 1.3 millones de dólares forjando actas de pesaje, es decir, a parte de la facturación hubo alteración de las actas del pesaje».
Saidelis C.A. y Farmacéutica Losofar C.A
En otro procedimiento vinculado a las investigaciones por corrupción, resultó detenida Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de importadora Saidelis C.A, a quien «le fueron liquidadas 12.3 millones de dólares con sobrefacturación».
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público arrojaron que Félix Baloi Jimenez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadel socios de la casa de presentación farmacéutica Losofar C.A también estaban involucrados con la sobrevaloración de importaciones del 300%.
Bufette de José Parra Saluzzo
Adicionalmente, se pudo conocer que existen contratos suscritos con personas que solicitaron los servicios del bufete propiedad de José Parra Saluzzo, que evidencian la vinculación de ese despacho con la red de corrupción que operaba en la anterior gestión del Ministerio Público.
