SNTP documenta censura ante la CIDH
Síntesis de la intervención del secretario general de la organización, Marco Ruiz, en la audiencia sobre libertad de expresión:
Los venezolanos seguimos sin saber quiénes son los verdaderos dueños de los medios de comunicación vendidos en los últimos tres años, sólo podemos asegurar que quienes ahora dirigen y marcan sus líneas editoriales están muy cercanos al oficialismo y permanentemente intentan favorecerlo con las versiones que publican.
¿Qué ha significado la venta de estos medios de comunicación para el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a estar informado?
En el último año ha habido una preocupante reducción de los espacios para la pluralidad y para el debate. Son más las voces y los sectores cuyos planteamientos no son tomados en cuenta y, en una práctica diaria, son sacados de las páginas de los diarios cuando los reporteros los han podido reseñar. Este es un hecho, además, que se suma a la cadena de irrespetos al fuero profesional de los periodistas.
Los venezolanos no están siendo informados por los medios de comunicación, éstos han dejado de lado su responsabilidad social y han tomado como prioridad la defensa de espacios de poder y de intereses de grupos particulares. Por eso empiezan a surgir nuevas y creativas plataformas, pero que frente a la penetración de los primeros y su incidencia en la formación de opinión, están todavía lejos de matizar el silenciamiento, la censura y la auto censura de los medios tradicionales.
¿A qué me refiero cuando digo que los medios no están informando y que privilegian unos voceros sobre otros? Paso a mencionar algunos ejemplos, que además muestro:
1. El 15 de enero de este año, el diario El Universal sacó de sus páginas la reacción del gobierno chileno ante las declaraciones que en su contra emitieran funcionarios venezolanos. Ese mismo día, se suprimieron las declaraciones del ex candidato presidencial HCR, quien por cierto siendo gobernador de uno los estados más importantes de Venezuela, está vetado en los medios de comunicación.
2. Este mismo periódico, el 10 de julio de 2015, censuró la nota escrita por el periodista Juan Francisco Alonso sobre el llamado que la Iglesia Católica hizo al Gobierno nacional por lo que consideran una crisis generalizada.
3. Con la excusa de que Provea no tiene por qué hablar de política, este mismo periódico censuró las declaraciones Rafael Uzcategui, coordinador general de la ONG, en las que alertó un aumento de la pobreza al nivel que tuvo Venezuela en el año 2015. Unos meses después, y horas antes de que se imprimiera, fue sacado un trabajo a página completa que analizaba el destino de la inversión social y cómo no había modificado elementos estructurales generadores de pobreza.
4. La visita de los ex presidentes Pastrana y Piñera a la cárcel de Ramo Verde, donde está privado de Libertad Leopoldo López, tampoco pudo imprimirse en enero de este año.
5. Cualquier información cuyo contenido plantee un cuestionamiento, una crítica y un señalamiento a la gestión gubernamental, indistintamente de la necesidad ciudadana para -con la denuncia incidir en reparos- es susceptible de ser censurada. Los registros civiles en Caracas están paralizados, los insumos básicos como papel, toner e impresoras desaparecieron y esto fue ocultado por Últimas Noticias el 8 de este mismo mes.
Estos hechos, que son pocos ejemplos de lo que a diario ocurre en las salas de redacciones, son los que me hacen repetir: los medios en Venezuela no están informando.
Me referiré ahora a las agresiones contra periodistas. Otra forma de acoso e intimidación: 166 casos en los primeros 9 meses del año, una reducción de 45 por ciento con respecto de lo ocurrido en el mismo periodo en 2014.
La protesta social en la calle fue reprimida y limitada. Sin embargo, sigue siendo un número alarmante tomando en cuenta que no se han dado estas manifestaciones y que no se han celebrado elecciones, factores que hacen repuntar las vulneraciones al derecho al trabajo y a la integridad física de quienes laboran en la búsqueda de información.
Hostigamiento verbal e intimidación son las agresiones más cometidas, principalmente durante la cobertura de colas y venta de productos escasos y regulados. Se ha impedido tomar fotos, vídeos y testimonios en este contexto.
*En estado Aragua, la periodista Beatriz Lara y el reportero gráfico Alfredo Parada fueron detenidos y golpeados por funcionarios del CICPC. Lara fue amenazada, torturada y amarrada a un reja.
*En Mario Briceño Iragorri, militantes del oficialismo tomaron la sede de la alcaldía y lanzaron de un segundo piso a Alejandro Ledo, Fotógrafo de la dirección de prensa.
*En el Palacio de Justicia, cuando se cubría el juicio contra Lepoldo López, el día que se dictó sentencia, fueron golpeados y robados Andreina Flores, Daniel Garrido y Alexandra Castillo.
*En otro hecho, en Carabobo, siete trabajadores de prensa fueron detenidos y golpeados por la GN mientras cubrían una OLP, operación liberación del pueblo.
Frente a todos estos señores comisionados y señor relator, se mantiene una impunidad total.
Ni uno solo de los casos denunciados en el Ministerio Público conoce justicia, lo cual es grave por no contribuir a que cesen estas acciones delictivas que vulneran tantísimos derechos fundamentales.
