SIP advierte que 80 periódicos venezolanos están al borde de parar sus rotativas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que los crímenes contra periodistas deben ser contemplados delitos de lesa humanidad, una propuesta que se lanzó en el marco de su asamblea general de medio año en Punta Cana, República Dominicana, y en momentos en que la mayoría de los asesinatos de reporteros quedan impugnes en varios de los países de Latinoamérica.
En la asamblea también se presentó el informe provisional de la situación del periodismo en Venezuela, en el que se destaca que alrededor de 80 periódicos del país se “enfrentan a la eventualidad cercana de detener sus rotativas”.
“Ha llegado el momento de pedir la imprescriptibilidad de los crímenes en contra de los periodistas y que se estime a los mismos delitos de lesa humanidad”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP.
A continuación el informe preliminar sobre Venezuela:
Se perciben en este período un contexto de continuo agravamiento institucional del Estado. Ese contexto se visualiza a través del colapso de los servicios básicos con subsecuentes fallas en el suministro de agua potable y energía eléctrica, en medio de un creciente desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas cuya falta asciende a más 80% de los fármacos requeridos por la población. Este cuadro se agrava con la inseguridad ciudadana, cuyo saldo en muertes supera la de países en guerra (90 homicidios por cada 100.000 habitantes), lo que ha derivado en un creciente rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro en todos los estratos de la sociedad, con apenas menos del 20% de aprobación.
La única respuesta del gobierno es un gasto creciente en propaganda y contra propaganda, espionaje y amedrentamiento de adversarios políticos, cuando no se les inhabilita políticamente o se los empuja al exilio mediante medidas judiciales arbitrarias.
Existe una política de represión sin miramientos por parte de los cuerpos armados, ya sea la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana, ante cualquier manifestación de descontento o desbordamiento por la tensa situación generada por la carestía. A ello se suman frecuentes y onerosos viajes presidenciales en procura de afianzar alianzas con otros países y un entorno oficial cargado de corrupción masiva y vínculos directos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los medios de comunicación independientes se ven sofocados por una política restrictiva de la libre circulación de la información que va desde censura indirecta para obstaculizar el acceso al papel y otros insumos imprescindibles para los medios impresos, hasta medidas judiciales contra los propietarios y directivos de medios impresos, radioeléctricos o digitales.
En este primer trimestre del año resalta el caso de El Carabobeño, diario con sede en Valencia, Estado Carabobo, que circulara ininterrumpidamente desde su fundación en 1933 hasta el pasado 17 de marzo cuando detuvo su rotativa por falta absoluta de papel, luego que los representantes del periódico no pudieron llegar a un acuerdo con la Corporación Maneiro, monopolio estatal del papel.
El Impulso, tradicional diario de Barquisimeto, el más antiguo del país, fundado en 1904, anunció que en menos de un mes dejará de circular por no tener acceso al papel controlado por el gobierno. Resalta el caso de El Nacional de Caracas, al que la Corporación Maneiro siempre le cerró las puertas. El 9 de diciembre, el presidente Maduro con un ejemplar del diario en sus manos pretendió soliviantar al pueblo contra el medio: “El pueblo de Venezuela debería declararse en boicot contra El Nacional y no comprarlo más nunca nadie”.
Alrededor de 80 periódicos del país se enfrentan a la eventualidad cercana de detener sus rotativas. Los diarios La Costa y La Mañana del estado Falcón también dejaron de circular.
La estatal Corporación Alfredo Maneiro fue creada para monopolizar el suministro de papel, y desplazar a las importadoras tradicionales que dejaron de recibir divisas desde hace dos años.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía declaró el pasado 17 de marzo: “La Corporación Maneiro ejerce un monopolio dependiente de la administración pública. No es beneficioso ni útil, pero el gobierno se vale de él para negar las bobinas de papel. Es un organismo de censura para que los medios bajen la cabeza ante sus mentiras”.
Aparenta que solo sobrevivirán aquellos rotativos controlados por el gobierno.
Preocupa también la medida dictada contra David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, con sede en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, que lo condena a cuatro años de prisión por el delito de “difamación e injuria”. El diario publicó una serie de reportajes de investigación sobre graves actos de corrupción en la compañía minera estatal Ferrominera, la principal procesadora de hierro. La medida ha sido rechazada por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, por los gremios de prensa y por organizaciones internacionales, entre ellos las SIP que la calificó consideró: “Una grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público”.
En las elecciones del 6 de diciembre, la opositora coalición de la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo una victoria ante el oficialismo, que le confirió mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Desde el 5 de enero la oposición ocupa dos tercios de las curules y los cargos directivos, Presidencia, Vicepresidencia, y Secretario, por lo que el partido gobernante perdió el control de ANTV.
Ante esta realidad, los operadores de la “hegemonía comunicacional” propugnada y ejercida por el gobierno, desde que retirara las concesiones a numerosas emisoras radiales y adquiriera a través de terceros importantes medios tradicionalmente independientes, ordenaron la irrupción violenta en los estudios de ANTV para sustraer los equipos de transmisión y destruir sus instalaciones. Acto seguido, despidieron a 164 empleados de la televisora que actualmente se encuentran “en un limbo” ante la ilegalidad de la medida.
El gobierno venezolano persiste en no dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de devolver la señal a Radio Caracas Televisión, así como los equipos de transmisión confiscados en 2007, cuando por órdenes directas de Hugo Chávez Frías no se le renovó la concesión. El Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del gobierno de turno, declaró el fallo “inejecutable”.
Las medidas judiciales contra directivos y propietarios de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, portal noticioso digital, dictadas a partir de una demanda del diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, siguen su curso, obligando al exilio a varios de ellos o a permanecer en el país con prohibición de salida. La demanda de Cabello se basa en que los medios reprodujeron una versión periodística del diario ABC de España que señala al demandante como un prominente operador del narcotráfico internacional, al frente del llamado “Cartel de los Soles”, así llamado por estar conformado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas.
Al menos 80 publicaciones alrededor del mundo replicaron la información del ABC, firmada por el corresponsal en Washington, Emili Blasco, quien obtuvo el relato de un ex funcionario de la seguridad presidencial, el capitán de corbeta Leamsy Salazar, hoy bajo el régimen de protección de testigos en Estados Unidos.
El 6 de enero, luego de instalada la nueva Asamblea Nacional, Maduro reprendió públicamente a los canales Globovisión y Televen por haber dado cobertura a la noticia: “Están desatados, ustedes ven como está Televen…uno ve a Globovisión y piensa que está en el 9 de abril de 2002″. La fecha alude a la breve salida del poder del entonces presidente Hugo Chávez Frías, tras una multitudinaria manifestación anti gubernamental reprimida con saldo de muertes y lo que se considera fue un vacío de poder por algunos y por otros, un golpe de Estado, o ambos.
En el espacio semanal que transmite a través del canal del Estado Venezolana de Televisión, “Con el mazo dando”, el 18 de marzo, Cabello acusó: “Los medios de comunicación, Televen, Globovisión y Venevisión están metidos otra vez en un golpe de Estado”.
Entre los medios internacionales, la televisora colombiana NTN24 ha sido retirada por órdenes del Gobierno Nacional de las operadoras de televisión paga; su página web ha sido bloqueada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Las agresiones y amedrentamiento a comunicadores en ejercicio de su derecho al trabajo continúan, y de tan repetidas ya no puede hablarse de “hechos aislados”. El CNP en Táchira, expresó su condena a la retención arbitraria de los agremiados Fabiola Niño, Manuel Cardozo, René Méndez y Rafael Urdaneta, cuando daban cobertura a protestas en la ciudad de San Cristóbal. Un grupo de desconocidos atacó a un transporte del diario La Nación en la que viajaban trabajadores de esa empresa de regreso a sus hogares.
Otros episodios de violencia contra periodistas de medios privados y han tenido lugar en diversas ciudades durante las protestas por la escasez y el colapso de los servicios públicos.
El 28 de marzo, en un suceso registrado en el retén judicial de El Marite, en el estado Zulia, cuando un grupo de reos se enfrentó a la Policía, los periodistas Faviana Delgado y Humberto Matheus, por Versión Final; José Antonio González y María Fuenmayor, del diario La Verdad; Ángel Romero y José López, por Noticia Al Día, fueron detenidos y agredidos y les fueron confiscados sus equipos y borradas las memorias de sus dispositivos audiovisuales.
Pese a los reclamos y señalamientos internacionales, el gobierno de Maduro continúa con una grave política de obstaculización a las libertades de expresión y prensa, y de irrespeto a los derechos humanos.
El 10 de septiembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer el 7 de septiembre y que determinó la devolución del Canal 2 a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV) y exigió al gobierno de Venezuela acatar y cumplir la sentencia.
El TSJ sostuvo que la Corte Interamericana no tiene autoridad para pronunciarse en el caso de RCTV ya que no se habían agotado las instancias internas del derecho.
Por su parte, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió que el gobierno hará caso omiso al fallo de la Corte Interamericana. “Somos libres y soberanos, hace años decidimos serlo. Así que llamen a Almagro para que la meta en la carpeta, porque eso no tiene valor jurídico, ético, ni moral”, dijo Cabello.
La sentencia de la Corte Interamericana, alcanzada el 22 de junio, sobre el caso Marcel Granier y Otros vs. Venezuela ordena al Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia de Canal 2 desde el que transmitía RCTV; devolver los bienes materiales incautados; pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales; reintegrar costas y gastos; realizar procesos de asignación de frecuencias en forma transparente; así como rendir un informe, en el plazo de un año, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia.
De acuerdo con la Corte Interamericana, la violación de la libertad de expresión perpetrada por el gobierno del presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor, Nicolás Maduro, impactó sobre el derecho de los trabajadores y directivos del canal, así como en la ciudadanía “que se vio privada de tener acceso a la línea editorial que RCTV representaba”, en la consideración de que la “pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertada de expresión”. La decisión de no renovar la concesión “buscaba acallar voces críticas al gobierno”, afirmó la Corte.
El caso RCTV se remonta al 27 de mayo de 2007 cuando, por orden directa del presidente Chávez, el gobierno cerró la emisora de señal abierta y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión.
