Saab: «En 3 meses tramitamos el doble que en 2014»
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, cumplió sus primeros 100 días en el cargo. Designado el pasado 5 de enero, se le acabó lo que los políticos han llamado “la luna de miel”.
Conversamos con él en su despacho, ubicado en la avenida Urdaneta. Al llegar nos recordó que siendo constituyente, en 1999, había sido entrevistado por analítica.com.
Ahora, 16 años después, nos recibió para conversar sobre su gestión.
— ¿Tarek es el defensor del pueblo chavista o del pueblo?
— Nosotros somos defensores del pueblo. Habla bien de nuestro trabajo que hemos recibido, tramitado y producido 11 mil acciones en tres meses, si es así es porque estamos atendiendo al pueblo.
Tramitando los casos que el pueblo tuvo a bien, traernos a nosotros y que no tienen la plataforma mediática focalizada en ellos.
Me debo a 30 millones de personas, no al capricho de lo que pueda hacer una matriz mediática de un día, que después salte a otra.
Tenemos que tener siempre una línea hacia adelante con los casos que la Constitución establece como protección de derechos, de niños, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad y jóvenes. Personas a las cuales puede violentársele un derecho humano.
Hemos producido políticas, protocolos, recomendaciones para eso. En ese sentido veo que hay una Defensoría del Pueblo y para el pueblo, y que forma parte del Estado.
—¿Cómo son los resultados de los primeros 100 días como defensor del Pueblo?
—En estos tres meses se siente la institución en la calle. Hay una expectativa. Vamos perfilando un trabajo.
El saldo es muy positivo. En primer lugar porque la Defensoría del Pueblo es una institución estratégica para la sociedad venezolana. Nace a la luz de la Constitución del 1999. Es una institución nueva.
Tenemos 12 atribuciones constitucionales y 18 competencias legales, las cuales versan en un perfil que le he querido dar a la Defensoría.
Particularmente, promover la mediación para atender a la gente frente al Estado que puede vulnerar derechos. En tal sentido, diría que es el equilibrio dentro de las instituciones del país, en la búsqueda de la solución de los conflictos, que no tienen que ser solamente de carácter referencial de una coyuntura. Sino lo que en la comunidad, diariamente, van teniendo curso tanto en la localidad como en la región, en el estado.
—¿Cómo han sido los choques con el Gobierno?
—Hemos tenido pronunciamientos en todos los ámbitos. No he tenido esa experiencia de choque en contra de nadie. Ha habido un respeto institucional a un poder que busca hacer su trabajo, como lo es el Poder Ciudadano. No somos advenedizos. En mi caso tengo desde los años 70 trabajando en derechos humanos.
Tratamos de ser responsables en los temas que hablamos. Los derechos humanos los estamos asumiendo con mucha rigurosidad, a pesar de que algunos lo usan como un arma de campaña para en algún momento cuestionar al país, cuando eso no se usaba antes.
Los derechos humanos no son para eso, es para que se haga justicia.
—¿Qué paso con la resolución del uso de armas en las manifestaciones?
—Estamos haciendo una ley a propuesta nuestra, conjuntamente con los Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público, que es la ley especial para regular el uso de la fuerza en las manifestaciones.
Es una normativa que guiará el protocolo para actuar en casos como esos.
Hay principios básicos, como el de la proporcionalidad de la diferenciación de la progresividad del uso de la fuerza. Cuando esta ley salga derogará las resoluciones que hay sobre las mismas, tanto las del Ministerio del Interior como el Ministerio de la Defensa.
—¿Con qué cuenta la Defensoría?
—Nosotros tenemos 33 sedes, 24 en las capitales más 9. El reto es llevarla a más sedes. Que podamos estar físicamente con personal en los municipios más densamente poblados del país para proteger y defender los derechos humanos de la población. Caracterizando, que esta es una institución, que según mi criterio, estaba muy incivilizada. No había adquirido el desarrollo, el protagonismo que la propia Constitución le ha dado. Nuestro reto es darle una fuerza institucional en la sociedad.
La Fiscalía maneja casi 4 billones de bolívares, la Contraloría casi un billón de bolívares y la Defensoría poco más de 200 millones de bolívares. Eso es un presupuesto deficitario para poder atender el volumen de casos en el país.
Necesitamos un mayor presupuesto para atender a la gente en sedes. Ese es un reto que tenemos a futuro.
—¿Cómo se logra eso?
—Eso logra con trabajo, con atención, con darle respuesta a la gente. Una cifra importante es que se han gestionado de enero hasta marzo, sin contar abril, aproximadamente 11 mil acciones defensoriales.
—¿Qué son acciones defensoriales?
—Atención a la gente en casos concretos, que van desde los pequeños hasta los grandes. Esas 11 mil defensoriales (que reportan actualmente) representan casi el 50% de todo lo realizado por la Defensoría durante el 2014.
Eso da una idea de que hay unas expectativas y una apertura y la gente está viniendo. Estoy obligando a direccionar el esfuerzo en responder.
—¿Cuáles son los casos?
— Normalmente los casos son atención a derechos individuales. Pero ahora también están llegando más que antes los de derechos colectivos, tales como educación, salud, trabajo.
Nuevo sistema de trabajo
El titular del despacho aduce que el nuevo sistema de trabajo de la Defensoría ha impactado. Son las mesas técnicas de trabajo para grandes temas.
— ¿Cuáles son esos temas?
—Para el tema del abastecimiento de los insumos médicos. Para esa mesa convocamos al IVSS, al Ministerio de la Salud y a los directores de los hospitales. Esa es la más reciente.
Previamente, realizamos una mesa técnica para abordar exclusivamente los problemas del hospital J.M. de los Ríos y se empiezan a ver los frutos. Por ejemplo, el principal problema que era el abastecimiento de insumos se solución en un 100% entre el 13 y el 17 de abril.
Gracias a esa mesa técnica y a la participación de todas las partes, que se sentaron a dialogar, logramos ese objetivo. Ahora viene la recuperación de la infraestructura y el fortalecimiento del personal médico y paramédico.
Una mesa técnica importante fue la realizada para los usuarios de las líneas aéreas. Se habían recibido muchas denuncias de maltratos por parte del personal de las aerolíneas. Se logró avanzar y se firmaron 18 acuerdos, en los cuales participaron desde el Instituto de Transporte Aéreo, el INAC y todas las gerencias de la líneas aéreas privadas.
La remesas para estudiantes
También se realizó una mesa técnica con el Ministerio de Finanzas, Cencoex y BCV para tratar el tema de los estudiantes en el exterior que necesitan divisas. “Nosotros entregamos los casos que nos llegaron directamente. Tratamos el tema de lo pequeño a lo macro y también entregamos la tramitación de las 300 denuncias que nos llegaron”, destaca Saab.
La mesa técnica arrojó unas cifras que no se conocían en el país. Por ejemplo, que 60% de los estudiantes graduados usan un subsidio del Estado y no regresan a Venezuela.
—¿Por qué es un subsidio?
Es un subsidio, porque están comprando el dólar preferencial a la tasa del año 2013 con bolívares del 2015 para lograr graduarse en el exterior.
He dicho que me llama la atención, y es digno de un debate, si el Estado venezolano da esos recursos (a manera de subsidio) porqué ese 60% no regresa a retribuir en su patria la experticia que ha logrado.
Hemos dejado eso en el tapete. No quedarnos solamente en la tramitación. Solo el 15% solicita (divisas) para postgrado, cuando el país necesita de profesionales especializados, para que nos ayuden a avanzar. En un momento de dificultades, es cuando más tienes que ayudar.
Mesas técnicas zonales
Saab aduce que también han realizado mesas técnicas en las comunidades. “Hemos estado en Petare, Ciudad Caribia, Barcelona. Este jueves 23 de abril estaremos en Caricuao”.
—¿Propiciando qué?
—Se sienta la comunidad con nosotros. Se discute un pliego de peticiones y a partir de allí, buscamos solucionar, como órgano de mediación, lo más urgente que tiene ese sector.
En Ciudad Caribia era el transporte y se solucionó. También plantearon el tema de la seguridad y todavía está allí la Defensoría trabajando ese tema.
—¿Y en las cárceles?
—Ahora vamos a hacer inspecciones referenciales en las cárceles, se comenzará por el INOF. Pero también estamos obligados constitucionalmente a vigilar los servicios públicos.
—Pero el caso de las cárceles está amarrado a los retardos procesales
—El mecanismo de la “callapa judicial”, que te permite que los jueces se trasladen a los sitios de reclusión y vayan sacando los casos, es positivo. Tiene que ser metódico, permanente y sistemático. Hay que buscar fórmulas que combatan el retardo procesal. Tienen que agilizarse las audiencias y los despachos. Hay una falla del sistema judicial. Pero también hemos descubierto a veces el retardo se produce porque, muchas veces, la defensa cambia de abogados o no se presenta una de las partes.
Independientemente de ello, hay que potenciar al máximo los despachos. Eso combatiría el retardo. La actuación expedita de los que administran justicia y la solución de los casos.
La violencia
—¿Y el caso de los policías, que cada tres días matan a uno para robarle el arma?
—Lo asocio al tema de la violencia, que en este caso no es política, es social. La estadística que hemos logrado nos revela que son personas muy jóvenes los que están empezando (a delinquir).
La violencia es el primer factor que atenta en contra de los derechos humanos. Es endémico en el mundo y particularmente en América Latina.
Es algo heredado y, la nueva institucionalidad, tiene que luchar contra ello de manera permanente, sistemática, diaria, cuestionándonos. Pero por supuesto que la formación y la educación es el deber ser y la previsión finalmente.
—¿Qué va a hacer la defensoría en este caso?
—Estamos haciendo un estudio, una investigación. Vamos a convocar una mesa técnica nacional, en la cual estén todos los poderes, para tratar este tema de la violencia como fenómeno.
Eso es tema nuestro, insertado en la búsqueda de la paz.