Revista a la FAN, por Javier Ignacio Mayorca

En la Fuerza Armada Nacional está en desarrollo una situación delicada. A la sociedad civil, en especial a los independientes y opositores del régimen, esto pareciera no interesarles mucho, toda vez que no se traduce en pronunciamientos ni en disidencias activas y abiertas, como las que vimos en 2002 y 2003. Pero lo que ocurre actualmente en los cuarteles quizá tenga consecuencias mucho más trascendentes que impulsar a un grupo de oficiales a tomar una plaza para exigir la salida del Primer Mandatario.

Las señales sobre lo que sucede surgen periódicamente, incluso bajo la forma de anuncios oficiales. El 9 de septiembre, por ejemplo, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino informó que el Presidente había aprobado una “inversión” de 500 millones de bolívares para la dotación de dormitorios y cocinas de las unidades militares. En realidad no es mucho lo que se gastará, si se toma en cuenta que esta cifra equivale a unos 500 mil dólares. Pero el anuncio confirma una de las quejas relacionadas con el deterioro de la infraestructura cuartelaria, al punto que en ciertas unidades del interior del país los soldados son enviados a sus casas debido al pésimo estado de las barracas.

Otra dificultad tiene que ver con la alimentación. En Anzoátegui pude presenciar a guardias nacionales que pedían almuerzo en los lugares donde realizan patrullaje. En el este de Caracas los comerciantes refieren situaciones similares. Según el politólogo Vladimir Petit los gastos en este rubro, conocido en los cuarteles como rancho, siempre han sido fuente de corrupción, debido a la imposibilidad de ejercer controles para garantizar que el dinero efectivamente llegue a la tropa en forma de alimentos. Pero este problema ya se ha convertido en algo cotidiano. En Vargas, por ejemplo, hay unidades de la Guardia Nacional donde los uniformados hacen colectas para aprovechar las ferias de alimentación. En instalaciones de Fuerte Tiuna la carencia de comida también ha ocasionado quejas esporádicas.

Estos factores generan un estado de tensión psicológica entre los oficiales subalternos y las tropas, que buscan por todos los medios hacer llegar su descontento a la alta oficialidad, saltándose a menudo a sus superiores jerárquicos. Chávez promovió esa práctica. Le gustaba comunicarse directamente con soldados y oficiales en todos los niveles de la pirámide castrense. Algo de eso todavía queda.

Esta situación fue analizada durante una reunión del generalato con el nuevo comandante general de la GN Antonio Benavides. La conclusión fue que no podían permitir semejante práctica, y que las quejas tenían que ser planteadas directamente ante el jefe inmediato, cuya obligación es evaluarlas y tramitarlas en los estratos superiores.

Debido a la indiferencia y la falta de supervisión se va relajando el acatamiento de ciertas normas que forman parte de la rutina militar. En julio, el titular de Defensa tuvo que enviar una circular a todos los componentes para recordarles la necesidad de colocar la cadena de mando completa en la prevención de todas las unidades. Indicó que debían colocar en el tope la foto de Chávez, indicando que se trata del Comandante Supremo y Eterno, cosa que los soldados no entienden a cabalidad pues ya no se trata del presidente en ejercicio, cuya foto a menudo también falta.

De otra parte, hay unidades a las que los soldados simplemente no se presentan. Las razones son diversas: invocan reposos, fueron detenidos o incurren en lo que se denomina “permanencia arbitraria” fuera del cuartel, lo que quiere decir que se ausentaron sin motivo aparente. Esto puede representar el 15% de la tropa. Ya se hizo tan frecuente que ahora resulta muy raro el procesamiento penal por deserción. Generalmente se hacen expedientes administrativos y se da la baja. Si a esto se suma las tropas que no acuden por razones aparentemente justificadas la porción puede llegar al 70% del pie de fuerza.

Todo esto merma la moral interna y dificulta la llegada del “pleno apresto operacional”, del que tanto habla el titular de la Defensa. A Padrino, además, le resulta muy complicado explicar cómo es que se pretende elevar el apresto, por una parte, y por la otra se coloca como prioridad de la institución la Gran Misión Abastecimiento Soberano, a tal punto que hasta le crearon un Estado Mayor. En los chats de militares las burlas sobre el general Papa y el almirante Yuca son moneda común.

Con estos factores se puede explicar el notable aumento de la frecuencia de casos penales en los que aparecen involucrados funcionarios militares. Las informaciones se suceden cada vez con mayor rapidez: en Bolívar, una teniente de la Aviación fue detenida por su aparente vinculación con el intento de hurto de una avioneta, que sería usada por el cartel de Sinaloa; en Yaracuy un mayor de la GN fue apresado cuando se constató que había recibido en su cuenta personal una transferencia de un millón de bolívares producto de la extorsión a un comerciante; en Anzoátegui investigan si los guardias que estaban en un punto de control vial fueron cómplices en el asalto masivo al equipo de fútbol Trujillanos; en Vargas un sargento de la GN fue detenido in fraganti cuando intentaba asaltar a una bañista de Playa Verde, en moto y con un cuchillo; en Táchira tres tenientes del Ejército fueron aprehendidos por el secuestro de un empresario.

Junto a los delitos violentos van otros más organizados y silenciosos. En el fuerte Conopoima, por ejemplo, se percataron sobre el faltante de más de 80 granadas luego de una actividad del Ejército en Apure. Hay una investigación en curso. Estas son las armas que luego aparecen en manos de la delincuencia común.

Este complejo cuadro trasciende a la mera coyuntura política. Pero sin duda tiene implicaciones en la pérdida del ascendiente del jefe del Estado en los cuarteles. También, por supuesto, todos los problemas que se ventilan en el exterior con respecto a la vinculación del entorno presidencial en supuestos delitos de drogas y corrupción.

Para mitigar este descontento se iniciaron censos en los componentes, incluida la Milicia, para determinar quiénes podrían beneficiarse con la promesa de una vivienda, un vehículo o un combo de línea blanca. Desde luego, quien se queje o haga comentarios inapropiados perderá la manzana.

Todos estos son factores medianamente conocidos por la sociedad civil, que deben ser evaluados en el contexto actual de alta conflictividad política.