Reducción de jornada laboral en sector público afecta acceso a la Justicia, según ONG
Espacio Público indicó que otro de los derechos que se "transgrede" con esta resolución es el de la "transparencia y acceso a la información pública"
La ONG venezolana Espacio Público afirmó este jueves que la reducción de la jornada laboral en los entes públicos del país -anunciada por las autoridades debido a un «evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses» que generan energía eléctrica- afectará el derecho a la Justicia y acceso a la información pública.
A través de una nota de prensa, la organización sostuvo que con esta medida las personas no «pueden hacer diligencias, denuncias, demandas o acciones legales en el mismo día que lo intentan, después del horario fijado».
El domingo, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció que la administración pública trabajará un día sí y otro no y en una jornada reducida de 8:00 hora local (12:00 GMT) a 12:30 (16:30 GMT), ante la «dura sequía por el calentamiento global», según un comunicado.
La ONG dijo que pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomará previsiones para que no sea suspendido el servicio de administración de justicia, «este lunes 24, en las puertas del Palacio de Justicia, pleno centro de Caracas, reinó la incertidumbre entre las personas que hacían la cola (fila) para el ingreso al recinto, bien para asistir a juicios, a presentaciones, o para saber sobre sus casos».
«La decisión gubernamental, en consecuencia, pudiera vulnerar el derecho al debido proceso, pues en caso de no atenderse a las víctimas en los días no laborales, se produce un retraso procesal significativo, agravando la situación preexistente y acumulando casos», añadió.
Espacio Público indicó que otro de los derechos que se «transgrede» con esta resolución es el de la «transparencia y acceso a la información pública».
«Se observó que los funcionarios de atención al público (del Palacio de Justicia) no hablaban con claridad en cuanto a los esquemas de trabajo de los tribunales, y mostraban contradicciones en las órdenes sobre la continuidad o postergación de audiencias, situación que puede generar incertidumbre tanto para los funcionarios, víctimas, demandantes, demandados e imputados», explicó.
En el comunicado del domingo, la cartera de Energía hizo también un llamado a tomar medidas como «el ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23 grados centígrados, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos cuando» no se estén usando.
El 30 de agosto del año pasado, Venezuela vivió el apagón más largo desde marzo de 2019 -cuando la nación petrolera pasó varios días a oscuras-, tras sufrir un fallo eléctrico que cortó la energía en Caracas y en los 23 estados del país, de lo que el chavismo acusó, como en otras ocasiones, a la oposición mayoritaria.
El país sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente al antichavismo, pese a que militares vigilan las instalaciones de la industria, mientras que la oposición y expertos denuncian mala gestión, falta de mantenimiento y corrupción.
