Provea y otras 81 ONG exigen garantías de derechos constitucionales de Rocío San Miguel

Luego de cumplirse más un mes de cumplirse del arbitrario arresto de la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, además de cinco de sus familiares, Provea al igual que otras 81 ONG  y 108 personas a través de un comunicado exigieron que se les garanticen a la también presidenta de Control Ciudadano su derechos constitucionales.

A través de este texto que publicó en su portal web Provea, también se pide que San Miguel pueda tener acceso inmediato y sin restricciones a la representación legal de su elección, para contar con el respeto del debido proceso y su legítimo derecho a la defensa.

Parte del escrito sostiene que la aprehensión arbitraria de la que fue objeto San Miguel, sumado a su desaparición forzada durante al menos cuatro días y reclusión, además la suspensión sin explicación alguna de su traslado para que su equipo de abogados pudieran juramentarse y así tener acceso a su expediente para tomar las acciones legales en torno a su caso, constituyen  “una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso, juicio justo y a la libertad de expresión”.

A continuación el comunicado completo:

as organizaciones abajo firmantes, dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres, expresamos nuestra profunda preocupación y condena por la detención arbitraria de la defensora venezolana/española de derechos humanos, Rocío San Miguel. Denunciamos también que en los primeros cuatro días de su detención se configuró una desaparición forzada tanto de San Miguel, como de 5 miembros de su familia, sin tener información confirmada acerca del centro de reclusión donde se encontraba, el órgano de seguridad bajo su custodia, ni su estado de salud física y emocional. A la fecha, se sigue negando el derecho de San Miguel a la defensa y al debido proceso.

La detención arbitraria de Rocío San Miguel, su desaparición forzada durante cuatro días y reclusión, con la suspensión sin razones de peso para su traslado que permitan la juramentación de sus abogados de confianza, el acceso al expediente y las acciones legales pertinentes, constituyen una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso, juicio justo y a la libertad de expresión.

Estas acciones no solo violan sus derechos individuales como mujer y como defensora de derechos humanos, sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela. La detención de su familia y la violencia psicológica hacia ella y su hija, hacen parte de los patrones de violencia política de género denunciados por organizaciones de la sociedad civil venezolana.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la política de represión y cómo afecta de forma diferenciada a las mujeres, ya que, entre otros motivos, el efecto silenciador y de amedrentamiento es especialmente pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar o las personas a su cargo. En el caso San Miguel, vemos como la detención de la defensora mientras se encontraba con su hija y su posterior detención, junto a otros cinco miembros de su familia, refuerzan y avalan este temor.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos de persecución las víctimas son hombres, vemos la afectación diferenciada y agravada en las mujeres perseguidas, así como el impacto que tiene para ellas, sus familias y los movimientos de los que son parte. Este acto de represión contra Rocío San Miguel busca un efecto paralizante en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que, como Rocío, se atreven a alzar la voz contra las injusticias. las injusticias. Sumado a esto, la aprobación en primera discusión y la posible aprobación final e implementación de la Ley Antisociedad, y a la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por el pronunciamiento en el caso de San Miguel, reiterando la intención de restringir el espacio cívico en Venezuela.

La criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres defensoras, busca debilitar la lucha por la justicia y la igualdad en el país y donde las mujeres, que llevan la carga desproporcionada de la emergencia humanitaria compleja, se ven más afectadas. Así mismo, limitadas en su ejercicio a la participación en los asuntos públicos y en el derecho a la defensa de derechos.

Invocamos los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para recordar al Estado venezolano sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Exigimos:

1. La inmediata liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, todas las personas presas políticas y personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Venezuela.

2. Que se garanticen los derechos constitucionales de Rocío San Miguel, y que tenga acceso inmediato y sin restricciones a la representación legal de su elección, en respeto al debido proceso y el derecho a la defensa.

3. La adopción de medidas efectivas por parte del Estado venezolano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a las mujeres defensoras, contra la violencia y la discriminación de género.

Por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con Rocío San Miguel y todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, y para que aplique presión diplomática y política para asegurar su liberación inmediata y la protección de sus derechos fundamentales.

Rocío San Miguel ha demostrado una valentía y compromiso inquebrantable en su lucha por los derechos humanos en Venezuela. Su detención no solo es un ataque contra ella como individuo, sino también contra los valores universales de justicia, igualdad y dignidad humana. Nos unimos en solidaridad con Rocío y con todas las personas que, en Venezuela y en todo el mundo, enfrentan represión por defender los derechos humanos.

Suscriben,

Organizaciones:

1. 1. A.C. MEDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
   2. AC Gurrufio
   3. Acceso a la Justicia
   4. Acción Urgente por la Democracia y el Desarrollo (UADD)
   5. Agoec
   6. América Diversa Inc
   7. Asociación Cauce
   8. CAFÉ DDHH
   9. Caleidoscopio Humano
   10. CAMPO
   11. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
   12. CECAVID
   13. Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI)
   14. Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
   15. Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
   16. CEPAMB
   17. Civilis
   18. Clima21
   19. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
   20. Coordinación Política de Primero Justicia
   21. Creemos Alianza Ciudadana, Estado Mérida
   22. Diverlex
   23. Edmur
   24. Es pa’lante
   25. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
   26. Feminismo Inc
   27. Fuerza Liberal
   28. Fundación Aguaclara
   29. Fundación para el Debido Proceso (Fundepro)
   30. Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer
   31. Fundación Pro-defensa del Derecho a la Educación y la Niñez (Funda-Pden)
   32. Hope of Justice International
   33. Infomujer Venezuela
   34. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello
   35. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos – INVESP
   36. Justicia Encuentro y Perdón
   37. Justicia y Progreso
   38. Laboratorio de Paz
   39. Las Comadres Púrpuras
   40. Médicos Unidos de Venezuela capitulo Carabobo
   41. MEDICOS UNIDOS VENEZUELA, Capítulo Mérida
   42. Monitor de Derechos Humanos
   43. MONITOR SOCIAL A.C
   44. Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI)
   45. Mulier
   46. Nosotras por Todas
   47. Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes
   48. Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH
   49. Observatorio Venezolano DDHH Mujeres
   50. Observatorio Venezolano de Prisiones
   51. Observatorio Venezolano de Violencia
   52. ODEVIDA, Capítulo Venezuela
   53. Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
   54. ONG hombres por la Equidad e igualdad
   55. ONG RED RETO
   56. PACUHR
   57. Padres Organizados de Venezuela
   58. Plataforma Ayuda Venezuela
   59. PROMEDEHUM
   60. ProVoto
   61. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
   62. Red de Mujeres Portuguesa
   63. Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
   64. Red Naranja
   65. Refugiados Sin Fronteras
   66. Responsable Nacional Mujeres Voluntad Popular de Voluntad Popular
   67. SABANA
   68. Secretaria de Control y Disciplina de la Federación de Centros Universitarios ULA
   69. Secretaria regional de mujeres Más Zulia
   70. Secretaria general regional de profesionales y técnicos del estado Mérida de Partido Político Centro Democrático
   71. Sec. Organización Municipal Libertador de Partido Centro Democrático
   72. Secretaria Nacional de Justicia Familiar de Primero Justicia
   73. Sociedad Civil Activa Mérida presente
   74. Starseed Travellers
   75. Transparencia Electoral
   76. Transparencia Venezuela
   77. Una Ventana a la Libertad
   78. Uniendo Voluntades
   79. Unión Afirmativa
   80. Visibles Venezuela
   81. Voto Joven
   82. Yo Te Creo Venezuela

108 firmas individuales en depósito, que no se publican por razones de seguridad