Provea: La salud pública fue sometida a una sistemática destrucción
Se hicieron patentes los estragos de una emergencia humanitaria compleja con amplia y múltiples afectaciones a los derechos humanos y una mayor escala de daño a la vida y al bienestar de la población. Así inicio el nuevo informe anual de derechos humanos 2017 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Una referencia de esta afirmación ha sido el desmantelamiento de institucional, la negación de la justicia, los patrones de censura, violencia y corrupción en el ejercicio de Gobierno que condujeron al quiebre del orden democrático y a una brutal represión en el transcurso del 2017.
El encargado de redactar el estudio en la parte de Salud fue el investigador y experto, Jo D’Elia quien aseguró durante el evento de Provea que el sistema sanitario tuvo un declive a nivel nacional de las cuales descansaban en un sistema de salud público que fue sometido a una larga y sistemática destrucción, en concurrencia con altos niveles de pobreza, hambre, desnutrición y colapso de los servicios básicos que aumentaron de forma exponencial los problemas de salud, causando daños irreparables a la integridad física y mental de las personas y la pérdida de vidas humanas.
Según el informe publicado “al producirse situación de devastación económica y social por causas estructurales o sistemáticas que involucran a la desaparición de instituciones y del Estrado de Derecho, las emergencias complejas generan contextos propicios para que se cometan violaciones sistemáticas o generalizadas de derechos humanos, tipificadas como graves crímenes contra la humanidad, que pueden acarrear responsabilidades individuales en el derecho internacional.
Solo en el 2017 la emergencia se agravó en el déficit del personal médico y de enfermería, ya que muchos de estos han migrando hacia otras latitudes. Las fallas en los servicios públicos aumentaron entre un 50% y 90% de sus niveles operativos, lo cual mostró una evidente caída en sus niveles operativos.
El investigador D’ Elia aseguró que se registró más de 9.662 denuncias de violaciones del derecho a la salud, que representan 98% de aumentos registrados en el año 2016 y el mayor incremento ocurrido en los últimos cinco años.
Cada día son más patologías y aumenta el número de muertes
Más de 3.500 personas entre ellos niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres dejaron de recibir los medicamentos inmunosupresores del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y se agotaron los reactivos para el apropiado control de su salud.
De acuerdo con la Asociación Amigos Trasplantados de Venezuela, durante el 2017 se contabilizaron 20 personas con rechazo de órganos y cinco fallecidas por no tomar medicinas durante varios meses.
Por su parte la Asociación Venezolana de Hemofilia, indicó que durante el 2017 se registraron 4.990 personas con Hemofilia y durante ese mismo año no tuvieron acceso a factores de coagulación.
En el 2017 llegaron a Venezuela unas 800 cajas de medicamentos para el párkinson procedentes de Holanda, y fueron decomisadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según la Fundación de Parkinson de Caracas (Fundapark).
Un estudio realizado por la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo (SVEM) indicó que el número de personas con riesgo de hipertensión subió de 30% a 36% entre 2014 y 2017. También reveló un incremento de 12% en la cantidad de personas con riesgo de diabetes. La escasez de medicamentos cardiovasculares y de insulina se convirtió en una amenaza de muerte para aquellas personas cuya vida depende de estos tratamientos.
La Asociación Amigos con Diabetes también señaló que hasta el mes de marzo de 2017 existían tres millones de personas dependientes de insulina. Unos 167 niños y adolescentes con diabetes Tipo I no encontraban ninguna forma de tratamiento en las farmacias.
El Cáncer y el VIH dejaron de ser detectados
En el mes de abril la red Defendamos la Epidemiología denunció que se habían agotado los 31 medicamentos para los distintos tipos de cáncer de mayor recurrencia, privando de ellos a 55.000 personas.
Un total de 5.668 mujeres con cáncer de mama no tuvieron acceso a tratamientos, elevando así entre un 40% y 50% el riesgo de morir y de reincidencias en la aparición del cáncer.
En el 2017 la Sociedad Venezolana de Oncología (SVO) alertó que los médicos ya no podían ofrecer esperanza de sobrevivencia a personas con cáncer en hospitales públicos debido a que las autoridades no garantizaban quimioterapia, medicamentos biológicos y terapias. Tampoco era posible hacer cirugías oncológicas al no contar con equipos (mamógrafos, tomógrafos, resonadores, coaguladores e instrumentos hemostáticos), soluciones intravenosas para suministrar medicamentos de soporte vital y anestésicos, opioides y antibióticos, ni guantes, laparotomía, drenajes y suturas, además del deterioro estructural de la hospitalización, unidades de terapia intensiva, cuidados postoperatorios y recuperación
Hasta el mes de diciembre del 2017, varias organizaciones de VIH denunciaron que las muertes de personas que padecieron esta enfermedad habían aumentado a un 75% desde el año 2011 debido a la escasez de antiretrovirales y la falta de atención médica necesaria para atender las complicaciones asociadas al sida y otras condiciones crónicas como cáncer, hemofilia, trasplantes, problemas cardiovasculares y desnutrición severa.
Por su parte el Programa Nacional de SIDA/ITS del Ministerio de Salud no habían tomado sus esquemas de tratamiento completos durante un año. El ministro de Salud, Luis López “retrasó en varias oportunidades la firma de órdenes de compra al Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS y no realizó diligencias para Derecho a la Salud enero-diciembre 2017 36 adquirir los medicamentos a través de otros organismos internacionales y productores”.
Epidemias en expansión
Según el Informe Anual de Paludismo 2017 de la OPS/OMS, en el año 2016 Venezuela tenía el mayor número de casos de malaria en América Latina, desplazando esta epidemia hacia la frontera de Brasil y Colombia.
Entre 2015 y 2016 las notificaciones de malaria crecieron a un 76%, “pasando de 136.402 a 240.613 casos, diseminados en 16 de los 24 estados del país y 43% concentrados en el estado Bolívar por la explotación de oro y la movilización de personas procedentes de otros estados y países hacia las zonas extractivas”.
En el mes de junio de 2017 el reporte epidemiológico del Programa Nacional de Eliminación de Malaria del Ministerio de Salud registró un incremento de 63% con un total de 400.000 casos, en su mayoría procedentes de ocho estados del país.
El número de casos notificados durante 2017 fue muy superior a la media anual registrada en los últimos 29 años (1988- 2016)
Alertó la OPS.
La Red Defendamos la Epidemiología precisó que en verdad el número de casos era mucho mayor al contar las recaídas. Es por ello que expertos en el área dela salud denunciaron que las muertes de personas afectadas or esta epidemia iba en ascenso, pasando de 150 a un rango de 300 a 500 entre 2016 y 2017 por la falta de medicamentos para los casos graves.
Epidemia de VIH en comunidades Warao
Unas de las poblaciones más afectadas por la falta de medicinas y atención médica son las comunidades indígenas que aún se encuentran en el país.
En 2016 el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) realizó un trabajo sobre el origen y comportamiento de la expansión del VIH en las comunidades indígenas Warao del estado Delta Amacuro y encontraron que al menos 35% de la población masculina adulta portaba el VIH.
En el mes de septiembre de 2017, médicos del Hospital Universitario de Caracas (HUC) advirtieron que las comunidades Warao del Delta del Orinoco estaban en riesgo de desaparecer por una epidemia de VIH sin control y de proporciones muy superiores a las nacionales. Ese mismo año esta poblacion indigena estaba compuestas por al menos 50 mil personas.
A finales de 2017, investigadores venezolanos entrevistados por BBC Mundo revelaron que la totalidad de los hombres entre 16 y 24 años de algunas comunidades eran portadores VIH y que en varias casi todos los hombres habían fallecido.
La Difteria y el Sarampión se convirtieron en epidemias en 2017. A pesar de que estas enfermedades son prevenibles por vacunas. este virus reapareció en el año 2016 después de que médicos de hospitales públicos del estado Bolívar reportaron los primeros casos y muertes, pese a que «las autoridades intentaron silenciarlos».
La reaparición de esta epidemia mostrò el grave debilitamiento de los programas de salud publica, impuestos por el Ministerio de Salud, «incluyendo el de inmunizaciones con reducidas coberturas de vacunación por la escasez de vacunas, entre ellas la pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones causadas por la influenza tipo B»
En el último boletín publicado por el Ministerio de Salud que se reportaron un total de 324 casos de difteria para el año 2016. Entre enero y junio de 2017, la OPS reportó 123 nuevos casos en 17 estados del país, con 20% de personas fallecidas. «Del total notificado, 55% eran mujeres y 47%, niños y adolescentes entre 5 y 19 años de edad, 78% tenían esquemas incompletos de vacunación y 15% no estaban vacunados».
La OPS no publicó una nueva actualización del avance de esta epidemia en Venezuela hasta agosto de 2017, lo cual fue calificado por médicos venezolanos como una acción tardía, dada la censura oficial a la que está sometida la información epidemiológica en el país. En protesta pacífica, la Alianza Venezolana por la Salud (AVS) y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) exigieron una distribución permanente de vacunas para garantizar la cobertura de todos los niños
Por su parte la ONG Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) alertó que era necesario mantener una cobertura de vacunación superior a 95% para reducir la mortalidad por difteria. Hasta noviembre la cobertura notificada a la OPS fue 67,8% de pentavalente en menores de un año y 41,9% en niños de cinco años, 49,2% de toxoide tetánico en embarazadas y 68,3% en niños escolares.
«En contraposición a las políticas de la OPS y de forma discriminatoria», segun Provea recordó que el vicepresidente Tareck El Aissami expresó en septiembre que las vacunas se asignarían de forma gratuita solo a quienes tuviesen Carnet de la Patria.
Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el Carnet de la Patria se le suministrará la vacuna
Publicó El Aissami en un tuit.
Para el mes de noviembre de 2017, el titular de la cartera de Salud, había anunciado un nuevo plan de vacunación «contra la difteria dirigido a niños y niñas menores de cinco años, embarazadas, personas mayores y personal de salud en los estados con mayor crisis y circulación de casos autóctonos». Posteriormente igual que en el resto de los estados del país se continuará vacunando según los esquemas establecidos; sin embargo Provea destacó que los casos de Difteria siguen activos en todo el territorio nacional.
