Presentan ante la CIDH situación de inseguridad alimentaria en la región
Edwin Prieto-Zulia
@Edwinpri
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) participó en la audiencia sobre la situación general de derechos humanos, presentando los resultados de la Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo, realizada a finales del año pasado.
“El Estado venezolano no ha diseñado medidas idóneas para atender la crisis alimentaria. Se limita a dictar políticas de regulaciones de precios ineficientes y adoptar una política de subsidio directo instrumentada como control social, en el caso de las cajas CLAP”, señaló el doctor Juan Berríos Ortigoza, coordinador de Documentación de Codhez.
De acuerdo con el estudio presentado ante los comisionados, las parroquias del municipio Maracaibo tienen la peor situación alimentaria, porque son aquellas donde la caja CLAP se oferta con menos regularidad.
“Todos los hogares en Maracaibo que han adquirido la caja CLAP opinan que no contiene rubros suficientes para una alimentación adecuada y apenas un 0,4% de la población la recibe una vez al mes”, señaló Berríos. “El Estado debe revisar el programa”, sentenció al finalizar su presentación.
Durante el periodo de sesiones de la CIDH, Codhez también participó en el foro sobre la Situación de los Derechos Civiles y Económicos en los casos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, celebrado en el Colegio de Abogados de Chuquisaca, junto a las organizaciones de la región.
En la audiencias ante la CIDH también participaron otras organizaciones no gubernamentales del país como Aula Abierta, Provea, Espacio Público y Defiende Venezuela. Denunciaron los excesos cometidos por el Estado en el control de las manifestaciones de este año, donde se contabilizaron 35 personas asesinadas y más de 700 detenciones arbitrarias, además de otras violaciones al derecho de salud, los derechos universitarios y libertad de expresión.
Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela recordaron que esta situación no es viable, al ser una violación directa de la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos.
