¿Por qué Venezuela es considerada un Estado que viola los DDHH?
En medio de 62 días de protestas en las calles de Venezuela y en el tránsito de una crisis política y una profunda recesión económica que ya acumula cuatro años consecutivos, las ONG encargadas de velar por las garantías y el respeto de los derechos humanos en el país han advertido que Venezuela cumple con todas las características que definen a un Estado que viola los derechos humanos.
Hay víctimas. Hay victimarios. Hay denuncias, también hay videos, fotos, audios. Hay convenios internacionales, pactos, que Venezuela suscribió; tratados con los que el Estado tiene un compromiso constitucional, tal y como lo establece la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario de 2015. Sin embargo, en la realidad, en el día a día, en las calles, todo se resume en un saldo de heridos, varios centenares, y de personas asesinadas, 63, según el Ministerio Público, en una correlación alarmante. Pero hay un contexto de la crisis.
El sociólogo y coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, propone tres elementos de urgente atención, tres características que develan por qué en Venezuela el proceso de deterioro de los derechos humanos ha sido tan agudo, cuáles han sido las consecuencias y cuál es el trasfondo de lo que vemos actualmente.
“El primer elemento, que pudiéramos catalogar como político pero con una honda repercusión, es que desde octubre de 2016 existe un gobierno en Venezuela que no es democrático porque se negaron a hacer elecciones. Por lo tanto estamos hablando de una dictadura. El hecho de que no existan mecanismos democráticos implica que tampoco hay una garantía del respeto a los derechos humanos, que solo pueden garantizar las prácticas de una democracia real”, explicó Uzcátegui en torno a lo que sin duda es el detonante político de la actual crisis.
A partir de octubre de 2016, cuando Gobierno y oposición decidieron conducir las tensiones en un proceso de diálogo, en un tanteo, que a la postre resultaría fallido, el caldo de cultivo del descontento de la mayor parte de la población que exigía un proceso electoral, quedaría, según analistas políticos, intacto; con el agravante de un deterioro económico, social pero también político sin pausa.
La lectura que propone Uzcátegui con respecto a la segunda característica que definen a Venezuela como Estado al margen en el respeto a los DDHH apunta a esa dirección: cómo lo político permea cada capa de la crisis venezolana
“El segundo elemento es que el Gobierno no garantiza los derechos sociales. Hoy en Venezuela tenemos más gente, más personas en la pobreza, que cuando Chávez llegó al poder; hoy, de manera conservadora y según estudios, 14 millones de personas están en situación de pobreza, algo que es alarmante, porque antes de que llegara Chávez al poder había 12,5 millones de personas en la pobreza. Las políticas gubernamentales no le garantizan a la gente el acceso a la salud, a las medicinas o a los alimentos, y esa es la realidad, es un hecho incuestionable e innegable”.
El tercer elemento que expone el coordinador de Provea es la característica más próxima en cuanto a temporalidad y conflictividad: la represión y sus patrones a lo largo de los más de dos meses de manifestaciones en las calles del país.
La actuación de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido rechazada por los organismos que velan por las garantías de los DDHH en el país. El hecho más relevante en ese sentido ha sido la posición de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que confirmó la muerte de uno de los manifestantes por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la GNB.
En ese sentido, y tras la posición de Ortega Díaz, en el Ejecutivo se ha desarrollado un entramado de acciones para tratar deslegitimar los señalamientos de la fiscal, que expresó, con pruebas, su preocupación por los hechos de violencia, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y las detenciones de manifestantes.
Uzcátegui hace énfasis en los patrones de represión y recalca que es justamente esa característica del conflicto venezolano, su sistematización, lo que determina la violación de derechos humanos en la actualidad.
“El tercer elemento es que en 60 días de protesta hemos identificado patrones sistemáticos de acciones por parte de los cuerpos militares y policiales del Estado, que no acatan los protocolos internacionales, específicamente con el uso de bombas lacrimógenas y municiones alteradas, por ejemplo, con metras, trozos de cabillas y esferas de metal. A eso hay que sumarle las personas detenidas, civiles, a las que no se les respeta el debido proceso, y son juzgadas en tribunales militares; y ahora estamos en presencia de robos masivos a los manifestantes por parte de los cuerpos policiales y militares, prácticas que llevan a cabo cuando detienen a ciudadanos, en plena protesta o incluso cundo la protestas ya ha culminado, como hemos visto en las últimas semanas. Otro aspecto importante y muy peligroso, el más peligroso, es la activación de civiles armados que actúan con impunidad con el amparo del Plan Zamora”.
El representante de Provea hace énfasis en el capítulo cuatro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente manifestó su “profunda preocupación por el procesamiento y detención de civiles en la jurisdicción penal militar y el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela”, según un comunicado difundido el pasado 26 de mayo.
La mirada polarizada en la región
La situación de los derechos humano en el país, sobre todo tras el detonante de la crisis política y económica de los últimos dos años, ha hecho que el ámbito internacional y los organismos multilaterales se hayan visto obligados a hacerle un seguimiento a lo que sucede en el contexto venezolano. «Venezuela se ha convertido en el mayor problema de la región», ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
Como representante de una ONG que ha sido invitada a distintos países para dar a conocer lo que pasa dentro de nuestras fronteras, Uzcátegui recalca que lo que se discute hoy en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), no es un hecho fortuito, sino la consecuencia de unas acciones determinadas de las propias ONG que sortean obstáculos en el país, junto con las organizaciones políticas nacionales, para poder desarrollar una labor que cuestiona el accionar gubernamental, con estudios y con resultados.
“Hay cada vez más y mejor comprensión de lo que pasa en el país, y eso no ha sido fortuito sino que es justamente por la actuación de organizaciones que, con análisis, estudios, evaluaciones, publicaciones y denuncias, hemos podido mantener el tema venezolano en la agenda internacional. Provea pidió directamente a la CIDH y la OEA la declaratoria de Venezuela como un Estado que carece de democracia, con todo lo que eso implica”.
Sin embargo, Uzcátegui reconoce que aún hace falta mucho más, pues organizaciones de izquierda enfocadas en le defensa de los DDHH, más emparentadas con el proceso que inició el expresidente Hugo Chávez en Venezuela, aún tienen reticencias respeto a pronunciarse.
“La mirada polarizada en la región, aunque se ido modificando en estos años, todavía persiste en cuanto a que hay sectores de la izquierda que no han opinado al respecto de lo que pasa en Venezuela. Pero nos toca seguir divulgando lo que pasa, revelando lo que sucede, porque sería interesante que, como ha sucedido aquí con los pronunciamientos de magistrados y de personas emparentadas con el chavismo en un principio, referentes como Boaventura de Sousa Santos, por mencionar alguno, se pronunciaran en torno a lo que pasa en Venezuela”.
