Por falta de pruebas exigen sobreseimiento en caso de periodista Luis Carlos Díaz
Ocho meses. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde la detención arbitraria del periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz. Este martes 12 de noviembre se venció el plazo legal para que la Fiscalía 67 Nacional presentara pruebas que sustentaran la continuación del proceso legal en contra del comunicador, sin que el ente diera señales en ese sentido.
Por tal razón la organización de DD.HH. Espacio Público, en representación de Díaz, solicitó este miércoles que se concluya la investigación declarando su inocencia. Así mismo la ONG pide al Tribunal que no aplique el artículo 296 del COPP, que resulta anticonstitucional en este caso particular, y exige que declare el sobreseimiento de la causa y el cese inmediato de las medidas en contra del periodista o, en última instancia, que se fije la audiencia para escuchar a las partes.
Según la legislación venezolana, si la Fiscalía respectiva no presenta pruebas en contra del acusado en el tiempo estipulado, el Tribunal está en la obligación de declarar la suspensión del proceso legal por falta de evidencias, lo que equivale a la inocencia y libertad plena.
Revisando los hechos
Como se recordará, el 12 de marzo de este año funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) interceptaron a Díaz cuando se dirigía en bicicleta a su casa, lo detuvieron y horas más tarde allanaron su vivienda.
Fue acusado de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión y el Tribunal de Control le impuso prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, además de un régimen de presentación judicial.
Recordamos que la detención se dio después de que el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, presentara en su programa televisivo un video distorsionado en el que manipula las recomendaciones de Díaz sobre acciones comunicacionales a tomar ante un apagón.
Rosario de irregularidades
Varios han sido los tropiezos y obstáculos en este caso. Para empezar, la Fiscalía 67 nacional plena no ha atendido ninguna de las diligencias entregadas por la defensa, no permite la revisión del expediente y no ha propuesto ni diligenciado ningún tipo de actuación o experticia destinada a probar la culpabilidad o la inocencia de Luis Carlos Díaz.
Por ejemplo, no ha respondido ni contraargumentado un escrito de excepciones previas entregado por la defensa de Díaz el 24 de abril, cuya notificación ha sido ratificada en cuatro oportunidades. Esta es solo una de una larga lista de irregularidades que violan el derecho al debido proceso y a la defensa, establecidos en el artículo 49 de la Constitución venezolana.
Adicionalmente, en el caso del comunicador, se ha cambiado en tres ocasiones al juez encargado, cada uno de los cuales debía conocer acerca de todo el proceso y demás causas del Tribunal, lo que limita el tiempo y la continuidad en la posible aplicación de justicia.
Por si fuera poco, hasta la fecha, la Fiscalía 67 mantiene en su poder la computadora, pen drives, discos duros y otros equipos electrónicos decomisados durante el allanamiento de la vivienda de Díaz, además de retener la bicicleta y el carnet de prensa del comunicador, objetos que no guardan relación alguna con la investigación.
Cabe destacar que actualmente el fiscal encargado del caso, Farik Mora, también está involucrado en los casos políticos contra Juan Requesens, Roberto Marrero y Fernando Albán.
