¡Por ahorro energético! Juicio de Rocío San Miguel pospuesto por tercera ocasión
Funcionarios judiciales informaron a sus familiares y abogados que el juicio no se llevaría a cabo, dada la puesta en marcha de una política de reducción de consumo eléctrico en oficinas públicas
Por tercera ocasión al hilo, este lunes el tribunal que lleva el caso por “terrorismo” contra la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, aplazó el inicio del juicio, asegurando que esta medida se debe a las decisiones gubernamentales de “ahorro energético”.
La audiencia que ya fue pospuesta en par de oportunidades por la “falta de traslado” de la activista al Palacio de Justicia de Caracas, fue cancelada cerca del mediodía de este lunes.
De acuerdo a AFP, funcionarios judiciales informaron a sus familiares y abogados que el juicio no se llevaría a cabo, dada la puesta en marcha de una política de reducción de consumo eléctrico en oficinas públicas, implementada recientemente por la administración de Nicolás Maduro ante una seria sequía.
Hay que recordar que la también presidenta de la ONG Encuentro Ciudadano, ya suma 13 meses privada de libertad luego de haber sido acusada de participar en una supuesta operación para asesinar a Nicolás Maduro.
La nueva fecha para el juicio fue fijada para el 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y regionales en el país.
San Miguel permanece recluida en El Helicoide, sede en la que funciona el servicio de inteligencia venezolano (Sebin), señalada por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas.
La experta en la fuente militar fue apresada el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a salir del país junto con su hija, Miranda Díaz, de 25 años de edad. Esta última fue liberada bajo régimen de libertad condicional, mientras que el expareja de San Miguel, un militar retirado, también está detenido por el mismo caso.
A la fecha los abogados de la activista sostienen que San Miguel padece una lesión no tratada en un hombro por fractura y que solo puede recibir visitas de su hija. Además, destacan que sus defensores de confianza no han podido juramentarse como sus representantes legales, por lo que el caso está en manos de la defensoría pública, acusada de actuar en coordinación con la Fiscalía.
