Equipo legal de Maduro subraya que Guaidó no tiene poder en Venezuela
El abogado Nick Vineall sostuvo en la tercera sesión ante el Tribunal Supremo que la junta paralela del BCV nombrada por Guaidó es "inválida"
La junta «ad hoc» de Juan Guaidó no tiene legitimidad para reclamar el oro depositado en Inglaterra porque el líder opositor no ejerce ningún poder ejecutivo en el país latinoamericano, indicó este miércoles el equipo legal de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el líder chavista, Nicolás Maduro
El abogado Nick Vineall sostuvo en la tercera sesión ante el Tribunal Supremo que la junta paralela del BCV nombrada por Guaidó es «inválida» según la legislación venezolana y explicó que «no se reúne ni gestiona las labores diarias» del banco emisor caraqueño.
Por tanto, añadió, si eventualmente la Justicia británica le da acceso a las reservas de oro o a cualquier otro activo venezolano depositado en el Reino Unido, equivaldría a «una expropiación de recursos del Estado«.
Vineall indicó que, aunque el Gobierno del Reino Unido ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela en su papel de jefe de Estado, «no lo ha hecho en las funciones de jefe del Ejecutivo«, que incluirían la potestad para nombrar a los miembros de la junta del banco central caraqueño.
A quien reconoce el Gobierno británico como gobernante de facto en Venezuela es un elemento importante para que la Justicia inglesa determine cuál de los dos bandos puede acceder a las reservas de oro valoradas en casi 2.000 millones de dólares custodiadas por el Banco de Inglaterra.
La junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, quiere liquidar el equivalente a 1.000 millones de euros para enviarlos a la ONU a fin de comprar equipamiento para combatir la pandemia, pero el equipo paralelo nombrado por Guaidó trata de impedirlo.
El Tribunal Supremo estudia en estos momentos un recurso elevado por el equipo de Guaidó contra un fallo desfavorable anterior, y su dictamen sobre varios puntos legales servirá para que eventualmente el Tribunal Superior decida a quién autoriza como gestor de los activos.
