Condiciones de reclusión de presos políticos empeoraron tras las elecciones
Las denuncias por la situación de los presos políticos gira en torno a sus condiciones de salud y la falta de atención que reciben

Activistas y ONG denunciaron que, luego de la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la condición de los presos políticos en Venezuela recrudeció.
Temas vinculados al aislamiento prolongado, la negación de alimentación adecuada o asistencia médica y privación de un abogado de confianza, forman parte de las prácticas que, según denuncias, recrudecieron luego de los comicios.
En casos más extremos, Correo del Caroní recordó la situación de Jesús Manuel Medina, de 36 años; Jesús Rafael Álvarez, de 44 años; Osgual González, de 43 años, y Reinaldo Araujo, todos apresados luego del 28 de julio, quienes fallecieron en sus centros de reclusión al no recibir atención médica a tiempo o por parte de un especialista.
De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hubo registro de más de 2.200 presos políticos días después de los comicios, cuando las protestas antigubernamentales desencadenaron una serie de acciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos destacó que, desde noviembre del año pasado, se les permitió a los familiares en cárceles como Tocuyito (estado Carabobo) o Tocorón (Aragua), donde se concentra la mayor cantidad de apresados.
Esto se logró luego de múltiples denuncias, pues, según añadió la ONG, en Tocuyito, por ejemplo, “unos 247 detenidos tenían al menos una patología” como hipertensión arterial, tuberculosis, trastornos psiquiátricos, asma, problemas renales o musculoesqueléticos, diabetes, desnutrición o convulsiones.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, reveló que al menos 93 presos políticos tienen “cuadros de salud sumamente graves”.
Entre las principales patologías figuran problemas cardíacos, enfermedades renales, diabetes, hernias, fisuras, episodios de depresión y problemas oculares.
Pese a que no son pocos los casos de los presos políticos que requieren asistencia médica inmediata, su traslado a centros de hospitalización o incluso intervenciones quirúrgicas, el Estado no ha aprobado su ayuda.