Oficialismo presiona a diputados electos de 2015 para que declaren su patrimonio
La Contraloría General de Nicolás Maduro habilitará a partir desde este lunes un operativo para que los diputados electos en 2015 realicen la Declaración Jurada de Patrimonio, como lo establece el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.
“Hago un llamado a los diputados salientes: procedan a realizar su Declaración Jurada de Patrimonio por el cese de sus funciones como parlamentarios. No vayan a decir que no tuvieron oportunidad y que no se les notificó“, dijo el contralor chavista Elvis Amoroso.
Asimismo, explicó que en la sede administrativa se habilitó un espacio con todas las medidas de bioseguridad con el objeto de recibir a quienes no sepan, tengan dudas o requieran de un funcionario para hacer la DJP “se contará una cabina de desinfección y medidas de bioseguridad garantizadas para brindar la asistencia individual y facilitar la ayuda en cada caso”, dijo.
Igualmente, resaltó que los funcionarios estarán habilitados en línea directa con el sistema, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en el auditorio “Contralor Luis A. Pietri”, en planta baja de la sede de la Contraloría, desde este lunes 25 de enero hasta el viernes 29 enero.
Un fin con intenciones particulares
Si bien la presentación de la declaración es legal, la administración oficialista exige a los diputados de la Asamblea Nacional de Guaidó este documento, luego de que se instalara el chavismo en el Parlamento con unas elecciones que no fueron reconocidas por la oposición del país y la comunidad internacional, debido a irregularidades en el proceso.
El oficialismo ha acusado en varias oportunidades a la oposición de corrupción, cosa que ellos niegan y aseguran que es una excusa para perseguirlos.
Este argumento se vio reflejado cuando Jorge Rodríguez fue designado como presidente de la Asamblea Nacional de Maduro y junto a su directiva amenazaron con meter preso a los diputados electos en 2015.
De hecho, Rodríguez recordó que quienes se nieguen a hacer esta declaración jurada se contemplan penas de entre 12 meses y 15 años de inhabilitación conforme a la Ley contra la Corrupción.
«Deben recordar que ya ellos no tienen inmunidad y que el Estado puede actuar para ponerlos ante la justicia a esta banda delincuentes que destrozaron la AN», dijo.
