Nicole tiene derecho a nacer en libertad
Rebelión y traición a la patria fueron los delitos que le imputaron el 15 de junio de 2019 a Yusimar Elisneth Montilla Ortega, una joven de 24 años, con el grado militar de sargento técnico segundo del Ejército y que tiene nueves meses de embarazo de una niña que llamará Nicole.
Era la noche del 18 junio de 2019 cuando un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) arrestaron a ocho militares, entre esos a Yusimar Montilla. La sargento segundo se encontraba de guardia en el Fuerte Paramaconi, en el estado Monagas, y tenía una barriga que daba cuenta de sus siete meses de embarazo, aún así fue trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil) para comenzar su proceso penal.
La detención de Yusimar Montilla se entrelaza con la del teniente coronel Durbis Meleán, comandante del 322° Batallón de Caribes “Coronel Francisco Carvajal” en la misma entidad, quien era el superior de la acusada, y fue privado de libertad el 6 de julio de 2017 por parte de funcionarios de la Dgcim bajo la acusación de presuntamente intentar tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi.
Lo que no se esperaba Montilla es que, dos años después y días antes del juicio de Meleán, el reporte de inteligencia apuntó su mirada hacia ella, al teniente coronel y siete militares más que, supuestamente, están involucrados en un «intento de alzamiento» en el que los uniformados tendrían como objetivo «detener» a la gobernadora de la entidad, Yelitze Santaella, para que renunciara a su cargo.
Asimismo, los militares pretenderían apresar al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), general Ovidio Delgado, «neutralizar» al general de brigada Ernesto Edmundo Pérez Mota, eliminar al teniente coronel Tomás Hiran Monasterios Agüin y al teniente coronel Howar Machado Vega.
«A Yusimar Montilla la ponen como cómplice. Ella es subalterna de Meleán y tiene muy buena relación con él», dice la coordinadora de organización penitenciara de Voluntad Popular (VP), Laura Quijada, quien se mantiene al tanto del caso y cree que las autoridades de inteligencia buscaban a las personas que estuvieran más cercanas a él.
Que Montilla fuera detenida a pesar de encontrarse en su período de gestación fue calificado por sus defensores como una “violación flagrante del derecho humano a la vida del concebido aún no nacido, al derecho al parto y al derecho a la mujer a una vida libre de violencia” y resaltaron que el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento.
«Te estamos preparando un cuartico para que estés con la bebé. Tú vas a parir acá y vas a criar a tu muchacha aquí!, son los comentarios de los custodios de Yusimar, lo que aumenta su terror mientras se encuentra en el centro de reclusión. El estrés y la mala alimentación que recibe, que solo consta de una taza de arroz blanco y un pedazo de pollo del “tamaño del dedo índice”, la han hecho perder peso.
Sus abogados denunciaron que cuando ha sido trasladada a los controles prenatales la han maltratado con las esposas.
“Es de conocimiento público la realidad de las cárceles venezolanas, pero vemos cómo privan a una mujer que está en estado de gravidez sin tener las condiciones que establecen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, específicamente la regla 28 y 29 en la que especifican los servicios médicos para embarazadas”, es la denuncia que varias veces ha hecho Virginia Silveira, coordinadora operativa nacional del Movimiento Penitenciario de Voluntad Popular, y que consta en un documento enviado a la redacción de Analítica.com.
Militares bajo persecución
Además de Yusimar hay otros 211 militares presos políticos en Venezuela, según hizo público la ONG Justicia Venezolana, que a su vez enfatizó que se tratan de oficiales que van desde tropas profesionales hasta mayores generales que están tras las rejas por “defender la Constitución”.
El conteo de la ONG incluye a funcionarios de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): 96 miembros del Ejército, 20 pertenecientes a la Aviación, 24 son de la Armada venezolana y 71 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según a denuncia, en su mayoría han sido torturas y son víctimas de violaciones al debido proceso como el retardo procesal que impera en casi todos estos procesos judiciales.
Nicole tiene derecho a nacer en libertad y Yusimar lo sabe, por lo que espera que sus abogados hagan lo posible para que la bebé llegue al mundo fuera de su centro de reclusión, pero está a la expectativa de que sus carceleros tengan la intención de permitirlo porque aún no le han informado dónde va a dar a luz.
Mientras los días pasan, Yusimar y sus abogados tienen el informe médico que indica que su parto debe ser por cesárea el próximo 15 de agosto. Con la angustia que siente por el futuro de su hija, aún espera que transcurran los 45 días para la presentación del acto conclusivo de la fase de investigación y la llegada de su hija.
