Neidy Rosal denuncia persecución por parte del Gobierno
El gobierno Nacional inició un proceso de persecución política contra la diputada Neidy Rosal y una vez cesadas sus funciones como parlamentaria ante el Consejo Legislativo del estado Carabobo, fue inhabilitada por la Contraloría General de la República por un período de 3 años.
“Se procede a perseguirme y a violar mis derechos fundamentales de participación política, porque ya no cuento con la inmunidad parlamentaria que se necesita para protegerme de los desmanes de este gobierno” dijo.
Rosal destacó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad absoluta de la Ley Orgánica de Emolumentos de los altos funcionarios del Poder Público por razones de “inconstitucionalidad”.
El Gobierno inicia una persecución política del liderazgo de la mujer por su participación en asuntos públicos. Una retaliación por el trabajo realizado en contra de la corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales, resaltó la parlamentaria.
También están las denuncias por los casos de la Colección Bicentenario, por intereses Colectivos y Difusos, implementación del Plan Zamora, consistente en la aplicación de justicia militar a civiles que se encontraban en protestas de calle en distintas ciudades de Venezuela en 2017, negándoles su derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, y entre otros tantos, el acompañamiento a los familiares del trágico motín e incendio en los calabozos de PoliCarabobo donde 66 reos perdieron la vida
“Todas estas denuncias fueron interpuestas ante los distintos órganos competentes del estado venezolano dentro de mis funciones como parlamentaria y que siempre han buscado combatir la corrupción y defender derechos humanos fundamentales como la libertad, derecho a alimentación sana y balanceada y el derecho a la educación sin ideologización. Por ello, se me persigue políticamente y se me discrimina”, sostuvo Rosal.
En vez de investigar al denunciado se acosa al denunciante a través de la inhabilitación, discriminación y cercenando sus derechos políticos en represalia por las denuncias de corrupción, aseveró.
