MP imputó a dos funcionarios de la Dgcim por caso de Acosta Arévalo

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que dos agentes del estado fueron imputados por delitos de tortura y homicidio en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo.

Saab afirmó que la Fiscalía solicitó el pasado martes la imputación de Ascanio Tarascio y Esteben José Zárate Soto, ambos con rango de teniente, y aclaró que una primera imputación había sido negada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Detalló que la sala de Casación Penal del TSJ «decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado» el Ministerio Público contra ambos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

De acuerdo a la defensa del capitán y miembros de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte. La última vez que se le vio con vida, fue durante su presentación ante un tribunal, donde no podía mantenerse en pie o hablar.

El capitán fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim sin que se indicaran entonces los motivos.

ONU aplaude decisión de Fiscalía

Poco antes de las declaraciones de Saab, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) celebró a través de su cuenta de Twitter la imputación de los dos agentes como «un paso en la dirección correcta en la lucha contra la tortura».

¿Cómo murió Acosta Arévalo?

Tras la publicación de ese mensaje, Saab confirmó que, el 28 de junio de 2019, Acosta Arévalo cayó en «un estado grave de salud» mientras «se llevaba a cabo una audiencia de presentación de cargos» en el cuartel de Fuerte Tiuna de Caracas.

Posteriormente, fue traslado a un hospital militar, donde falleció.
Tras su muerte, según los detalles facilitados por Saab, «se hicieron investigaciones de rigor» y fueron detenidos Tarascio y Zarete.

Informe de la Misión de la ONU

Una Misión Internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó en septiembre pasado a Nicolás Maduro y a varios miembros de su gabinete, entre ellos: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.

Dicho documento, también sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional , juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizados.