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Minea inició procedimiento administrativo a gobernadora del Táchira por situación con la basura

Zulma López – Táchira.-

@ZULOGO

Un procedimiento administrativo inició el Ministerio para el Ecosocialismo y Agua (Minea) contra la Gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez por presuntos ilícitos ambientales, debido al cierre que mantiene desde el jueves, 22 de noviembre, el Vertedero de San Josecito, donde las alcaldías del área metropolitana del estado depositan los desechos sólidos.

Sobre esta medida la mandataria regional explicó que coordinó con el equipo de gobierno que la máquina que se encarga de extraer la materia prima para producir el asfalto frío que es destinado a los planes de bacheo en la ciudad, fue enviada por diez días, para el despeje de los patios internos del vertedero y así habilitar el principal depósito de desechos sólidos.

“Se tendrá que suspender el plan de asfaltado que se desarrollaba en el estado para usar la maquinaria únicamente en la limpieza de la vía que conduce a los patios del vertedero. Tenemos que paralizar un proyecto que iba en beneficio de la comunidad para poder resolver esta contingencia”, informó Gómez.

Por otra parte, condenó el proceder del Ejecutivo nacional en contra de su gestión, cuando, según refirió, no han enviado ni recursos, ni camiones para la recolección de los desechos, ni han ejecutado ninguna acción para resolver el problema. “Me abren un procedimiento por la basura y no envían ni un centavo para solucionar el problema con el vertedero”.

Añadió que es importante que los tachirenses sepan que desde su gobierno se han realizado todas las gestiones lícitas para obtener los repuestos. “Así como los carros de los venezolanos se deben parar por falta de repuestos, nuestra maquinaría también se ve afectada”.

Hizo énfasis en por qué se le aplica un procedimiento administrativo a su gestión y no al ex mandatario regional ni tampoco al alcalde de Torbes, “cuando en el mismo auto de proceder, el Ministerio reconoce que yo le quité el vertedero al alcalde por anomalías en su administración, por cobros ilícitos y actividades delincuenciales que, incluso, aplican para sanciones penales”.

Explicó que en el mes de abril, cuando fue descubierta las irregularidades que al parecer cometía el alcalde del municipio Torbes, no se abrió un procedimiento similar contra él, pese a que el Ministerio hoy reconoce que -en efecto- ocurrían hechos vandálicos durante su administración.

“Sin desconocer mis responsabilidades, las cuales asumo sin miedo porque yo doy la cara, me pregunto ¿por qué no se le abrió también un procedimiento al ‘capitancito’ que gobernaba este estado? cuando vimos que violentó la Constitución cediendo las competencias del vertedero a la alcaldía de Torbes para ese momento”, manifestó.

Retaliación 

La conclusión a la que llega es que será sometida a este procedimiento únicamente que por retaliación política, ya que considera que no tiene razón de ser, puesto que, hasta la fecha, no ha sido presentado ningún expediente en contra de quienes sí orquestaban eventos hamponiles.

A pesar de estos esfuerzos, la ayuda del sector privado será imprescindible para ejecutar con éxito la recolección de residuos de desechos sólidos, y sobre todo la habilitación de los patios y terrazas en el vertedero; sin embargo, los empresarios se niegan a prestar sus máquinas por períodos mayores a 15 días.

El argumento que ofrecen, según dijo la gobernadora, es que los lixiviados que desechan los residuos orgánicos dañan los vehículos y sus dueños temen que no puedan conseguir repuestos para repararlos ya que la mayoría los venden en monedas extranjeras.

Hago un llamado a la empresa privada porque este no es un problema de la gobernadora, es un problema general que afecta a todos los tachirenses en la calle, estamos dispuestos a sentarnos con ustedes y buscar convenios y suministros; tenemos programas que podemos ofrecerles para lograr la asignación -por lo menos de 15 días- de maquinarias que nos permitan barrer los patios del vertedero y dar respuesta efectiva”, agregó Gómez.

Este lunes en la tarde los presidentes de Corpointa, Caimta y Corpotáchira se reunirían con los empresarios para llegar a acuerdos que les permitieran garantizar la operatividad del basurero por las próximas dos semanas.

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