Ministerio Público acusa de contrabando a médico que vendía tratamiento contra el Covid -19

Por vender medicinas contra el COVID-19 en fue arrestado Antonio José Amell Cantillo, médico colombiano, residente en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, en Valencia, estado Carabobo, según informó el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab este 9 de setiembre en rueda de prensa.

«Dirigía a las personas a comercios cercanos al hospital a los fines de que imprimieran las plantillas de ingreso a dicho centro hospitalario, para lo cual también debían pagar”, dijo Saab acerca del modus operandi de Amell.

Asimismo, Saab indicó que tanto el director de la ciudad hospitalaria, Alexis Rivera, y cinco farmacias privadas están siendo investigadas también por vender esos medicamentos.

Según Saab, junto a Amell fue detenida Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, donde se incautaron planillas y formularios de «documentos utilizados en la administración de servicios médicos del hospital, además de medicinas de distribución gratuita otorgadas por los programas sociales del Estado”.

Reveló además que Amell será imputado por los cargos de comisión de concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Pronunciamientos desde Colombia

En la rueda de prensa, William Saab se refirió a los recientes pronunciamientos de congresistas y miembros de la cancillería en Colombia, argumentando que Amell fue detenido arbitrariamente y que su vida corre peligro.

«Corrían peligro las vidas de los pacientes que en mala hora cayeron en sus manos (…). No deja de ser costumbre que autoridades colombianas se pronuncien en defensa de este delincuente, que no por ser médico tiene una patente de corso para hacer lo que quiera y actuar impunemente», enfatizó.

Entrada ilegal a Venezuela

El fiscal oficialista también informó acerca de la detención de 12 personas en Bolívar, entre ellas cuatro funcionarios públicos, que formaban parte de una organización delictiva que «promovía a través de redes sociales un paquete de viaje para el ingreso irregular a territorio venezolano».

«Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas para despistaje de Covid-19, por un monto de 1.800 dólares desde Miami (Estados Unidos) hasta la República Bolivariana de Venezuela», añadió Saab.

Saab finalizó indicando que a estas personas serán imputados por corrupción propia, obtención ilegal de lucro, tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir.