Más de 130 ONG exigen libertad plena para 33 personas LGBTI detenidas en Valencia
El grupo rechazó la "detención arbitraria" de estas 33 personas y pidió el cese de la "criminalización" contra este colectivo
Más de 130 ONG venezolanas e internacionales exigieron justicia y «libertad plena» y sin cargos para 33 hombres detenidos el pasado 23 de julio en un bar gay de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, donde 30 fueron excarcelados bajo régimen de presentación tres días después.
A través de un comunicado firmado por 136 ONG, solicitan al Estado venezolano que «garantice la protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres gais/bisexuales detenidos».
Tambien pidieron que se garantice «el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso».
Bajo la consigna «ser LGBTIQ+ no es delito«, el grupo rechazó la «detención arbitraria» de estas 33 personas y pidió el cese de la «criminalización» contra este colectivo.
«Patrón criminalizador»
«Alertamos que las detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Venezuela motivadas por la orientación sexual se pudieran convertir en un patrón criminalizador de la población LGBTIQ+, que contradice lo establecido en la Constitución (…) y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la nación», dice el texto.
Recordó que fueron imputados por los delitos de «ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica», y que solo 30 de los 33 fueron liberados bajo la medida de «régimen de presentación, cada 30 días, en el lapso de seis meses».
Mientras que los tres restantes, a quienes les exigen la presentación de fiadores, «quedaron detenidos y (fueron) trasladados a una celda con delincuentes comunes».
Las ONG condenaron también el «escalamiento de la política de homofobia de Estado» y el tratamiento de los hechos en algunos medios de comunicación locales.
Además, solicitaron a los órganos de Naciones Unidas y otros organismos competentes que se «activen los mecanismos de protección y seguridad a las personas LGBTIQ+».
