La voz del amo llega por teléfono, por Ramón Hernández

Por: Ramón Hernández / @ramonhernandezg

El 23 de enero de 2010 el gobierno sacó de la grilla de la televisión por suscripción la señal de RCTV Internacional, el 13 febrero de 2014 la de NTN24 y el 15 de febrero la de CNN en Español. En ninguno de los tres “procedimientos” hubo una orden escrita, una resolución oficial, en la que algún funcionario de alto o bajo nivel se responsabilizara. Siempre fue una llamada de Conatel admonitoria, amenazante, autoritaria, dictatorial.

Es una abierta y flagrante violación de las leyes y de la Constitución ordenada por el presidente de la república, que no tiene facultades para decidir qué noticias se publican ni siquiera para establecer qué programas son para niños y cuáles para adultos, tampoco tiene competencia en los contenidos a los que puedan tener acceso los venezolanos. No es su función, ni su función ni mucho menos su responsabilidad. Es el jefe del Estado, no el jefe de un kindergarten. Venezuela no es un Simoncito ni un Hogar de Cuidado diario.

Al presidente Nicolás Maduro, limitado por las leyes y por su propia condición, en un arranque de califa o de algún anacrónico caudillo del siglo XIX de los llanos de Aragua, dio la orden: «Fuera CNN».  No se apegaba a la razón sino que echaba mano a los «poderes imaginarios del presidente», que tanto mal han causado desde el Decreto de Guerra a Muerte que le firmó el Libertador a Antonio Nicolás Briceño, el Diablo, autor del plan para «destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos».

Ante el país y el mundo el único responsable de haber apagado la señal del canal internacional de noticias y no podrá justificarlo ante la Corte Internacional de Justicia como una atribución extraordinaria de su decreto de emergencia. La libertad de expresión y de información no son garantías que puedan ser suspendidas, lo indica de manera taxativa la carta magna. Los funcionarios administrativos lo saben, al igual que los magistrados de la TSJ, el defensor del Pueblo, el procurador general, la fiscal general que no tuvieron la cortesía, no hablemos de lealtad cuando el primer magistrado fritó que no quería a CNN en Venezuela, pero sí fue un acto de traición. Al no existir el oficio de Conatel ni los resultados de la apertura del procedimiento en el que se le hacen gravísimas acusaciones a la televisora, la burocracia no es responsable, sino quien dio la orden.

Cuando el gobierno decidió que había que sacar a RCTV Internacional el procedimiento fue parecido. Chávez se lo ordenó a su ministro Diosdado Cabello, que bien asesorado no ofició a la Cámaras Venezolana de Televisión por Suscripción sino que habló con el señor Flores sobre la conveniencia de que ese canal no continuara emitiendo su señal a través del cable y del satélite. Hubo una leve alusión a la enorme cantidad de dólares que Cadivi no les había podido liquidar y lo inconveniente que sería para ellos otro retraso. Hasta ahí. El oficio que Conatel mandaría después nunca llegó, tampoco el de NTN24. El de CNN en Español nadie lo recibirá.

Ante la justicia internacional la medida será considerada como una decisión de las cableras, un rompimiento de un contrato privado entre dos empresas, que puede ser objeto de acciones judiciales que son complejas, engorrosas, costosas y que toman mucho tiempo. Siendo una empresa con fines de lucro, el canal lo asumirá con el tiempo como una oportunidad de negocios que se le cerró y buscará otras vías para compensar la pérdida, pero los venezolanos, a quien Maduro ha pretendido salvar del veneno de CNN, serán los grandes perdedores. Se quedan sin otra fuente informativa y serán víctimas indefensas de la hegemonía comunicacional, de la fuente de información única que se presenta como la voz de la verdad, la voz del Estado socialista.

No basta una orden presidencial a viva voz por cadena de radio y televisión para que la justicia proceda a encarcelar a alguien y lo condene a 60 años de prisión, ni basta que el jefe del Estado exija que un periódico deje de circular o que se le baje la santamaría a una página web. Así no funciona el Estado de Derecho ni es el espíritu de la Constitución. Existen unos procedimientos y unas instituciones que investigan, abren procedimientos y hasta sancionan, dentro de lo que se denomina debido proceso, pero también hay el derecho a la defensa, a demostrar que el presidente, la máxima autoridad también está equivocado. A la ciudadanía le corresponde decidir si se ha errado demasiadas veces, y todas en contra del bien común y a contravía de la justicia. Vendo brújula con el norte perdido.