La trata de blancas ya es común en Güiria
La trata de blancas, el tráfico de seres humanos y el contrabando de materiales estratégicos hacia Trinidad y Tobago es de conocimiento público para los habitantes de Güiria, estado Sucre, así lo denunciaron los Integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos en las embarcaciones Jonaily José y Ana María Sucre, (botes que naufragaron cuando se dirigían hacia el país vecino.
Dicho comité aseguró que han recaudado información “valiosa” sobre la persona que en Trinidad y Tobago espera los botes que trasladan a las mujeres víctimas de trata de blancas, asimismo aseguraron tener “los datos del oficial de Guardacostas trinitario que cobra por dejar pasar los botes con pasajeros y de los corruptos de capitania y aduanas que dan zarpes y despachos a cambio de 500 dólares”.
Así también, aseguraron tener identificada la agencia naviera que realiza los trámites en Güiria.
Familiares de los desaparecidos emitieron dichas acusaciones en vista de que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y el Comando de Guardacostas de la Armada “NO han sido diligentes ni efectivos en planificación o ejecución de las labores de búsqueda de las 60 personas que iban a bordo”.
En el comunicado se explica que a pesar de que la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, establece que la búsqueda y salvamento acuático es de carácter público, las autoridades en Güiria no han ofrecido ningún tipo de información.
Los familiares denunciaron que “el Comandante de la Estación Guardacostas de la Zona Atlántica y el Vicealmirante de la ZODI, se rehúsan a recibir a los familiares de las víctimas, por el contrario, hemos recibido maltratos y somos atendido como si fuésemos ciudadanos de segunda”.
Pasado un mes de que una de las embarcaciones naufragara, los involucrados no han recibido ningún tipo de propuestas como un plan de búsqueda, denunciaron que tampoco se les permite aportar elementos de carácter informativo que puedan ser útiles en la búsqueda.
Luego de que se suspendiera la búsqueda de la primera embarcación, y fuese rescatado el capitán del naufragio Ana María, el mismo desapareciera. En el comunicado denuncian que nadie investigó el paradero del capitán que según las autoridades de Trinidad y Tobago, tiene antecedentes penales por trata de personas.
Mafias
Los familiares de los desaparecidos aseguran que existen mafias dentro de las organizaciones gubernamentales pertinentes pues tal y como se expresa en el documento “¿Quién ha investigado sobre los despachos y zarpes otorgados por la Capitanía de Puerto y el SENIAT a la embarcación? ¿Quién firmó esos despachos y zarpe?”.
Asimismo aseguraron que las autoridades encargadas de firmar el zarpe “cobran hasta 500 dólares por embarcación sin importar las condiciones al momento de salir, ni mucho menos las vidas humanas en peligro”.
Acusaron al Capitán de Navio Angel Sisco Mota y el Vicealmirante Freitas de maltrato a los familiares cuando, en todo su derecho, se dirigen a solicitar información.
