Gobierno venezolano sigue en el ojo del huracán de la Unión Europea
A propósito que la Asamblea Nacional (AN) sesionará este martes para discutir un proyecto de Acuerdo en apoyo a las decisiones de la Unión Europea con relación a la crisis política venezolana, al otro lado del charco, los ministros de Exteriores de la coalición multinacional no descuidan el abordaje de la crisis en Venezuela y más cuando existe una especial atención al impacto para la región de la salida de millones de connacionales, aunque, por ahora, no contemplan nuevas sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Y es que de acuerdo con los cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, social y económica y, de ellos, casi un millón se ha instalado en Colombia.
En efecto, la Unión Europea ha evidenciado el deterioro de la situación en Venezuela y de la «confrontación con la oposición». Es por ello que los titulares europeos deben centrarse en «cómo la UE y sus Estados miembros pueden reabrir la vía para un proceso político» en el país, junto a actores regionales e internacionales.
Datos
Para apoyar a la población venezolana y a las comunidades que la acogen, la UE consignó en junio pasado 35,1 millones de euros en concepto de ayuda de emergencia y desarrollo a medio plazo.
Lo que las fuentes descartaron es que los ministros vayan a abordar la posibilidad de incluir nuevos nombres en la lista de autoridades sancionadas por su papel en la represión interna.
Por el momento, esa lista incluye a 18 personas que la Unión Europea considera que han incumplido los principios democráticos y el Estado de derecho y que son responsables de «graves violaciones de los derechos humanos».
En efecto, la UE les ha prohibido viajar a su territorio y les ha congelado los activos que puedan tener en suelo europeo.
Por otra parte, los veintiocho miembros mantienen un embargo de armas a Venezuela por la crisis en el país.
Fuentes comunitarias descartaron ampliar las medidas restrictivas a otros ámbitos económicos para que no se vea afectada la población venezolana, que afronta ya una crisis humanitaria.
Casi la mitad de los integrantes de la dirección nacional del PSUV tampoco puede hacer transacciones comerciales ni visitar EE. UU., Canadá y/o la Unión Europea. Además de Maduro, El Aisami y Cabello, los miembros de la cúpula pesuvista sancionados son Adán Chávez, Aristóbulo Istúriz, Darío Vivas, Elías Jaua, Érika Farías, Francisco Ameliach, Freddy Bernal, Jorge Rodríguez, Luis Reyes Reyes, Pedro Carreño. Se les señala de ser copartícipes del socavamiento de las instituciones democráticas en Venezuela y la violación de DD. HH.
Y 17 de los 500 integrantes de la ilegal asamblea constituyente también fueron sancionados incluyendo a su expresidenta, Delcy Rodríguez. ¿Las razones?: disolver las instituciones, ser cómplices en violación de derechos humanos y acosar a la oposición, entre otras.
El inicio de las sanciones
Vale recordar que desde el 9 de marzo de 2015, cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, formuló la polémica orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual” para los intereses de ese país y retiró el visado a 7 altos funcionarios del gobierno venezolano, se desenlazó una oleada de sanciones contra los altos funcionarios civiles y militares del Estado, y hasta el propio mandatario Nicolás Maduro.
En total, desde esa fecha se han producido más de 14 sanciones que afectan a casi 80 colaboradores o excolaboradores de Maduro —incluyendo a militares activos y cabezas de los poderes públicos— 4 dirigidas a penalizar transacciones específicas con el gobierno venezolano.
A Estados Unidos como emisor de las sanciones se han sumado los 28 países de la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido; este último no ha dictado sanciones personalizadas pero sí prohibió transacciones comerciales con Venezuela.
El pasado enero los ministros ya decidieron sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la «represión» en el país, entre ellos su «número dos», Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
Estas medidas restrictivas se sumarán así a las impuestas en noviembre, consistentes en un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la «represión interna» en Venezuela.
La UE siempre ha sostenido que las sanciones «selectivas» no son un fin en sí mismo y que con ellas pretende, sin perjudicar a los ciudadanos, incrementar la presión sobre el Gobierno nacional para que busque una salida democrática a la crisis que vive el país
Lo que viene
La semana pasada, la Unión Europea decidió busca apoyar proceso regional para solucionar crisis en Venezuela.
De hecho, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó el lunes pasado que el bloque comunitario va a explorar cómo apoyar una solución a la crisis política de Venezuela en la que estén implicados los países de la región.
“Nuestra posición es clara, buscaremos maneras en que, si hay una oportunidad, la UE pueda ayudar a la región a encontrar una solución a una de las peores crisis políticas”, dijo Mogherini .
Resaltó que la posición de la UE es “extremadamente diáfana” y que ha tenido la oportunidad de abordar la cuestión venezolana “con todos los socios regionales; recientemente con el presidente de Chile (Sebastián Piñera) y con el presidente de Colombia (Iván Duque)”concluyó.
