FundaRedes: «Grupos armados obligan al desplazamiento de venezolanos hacia Colombia»

Los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela han sido sometidos en años recientes a condiciones de violencia e inseguridad que vulneran sus derechos fundamentales. Mientras voceros oficiales alardean del ejercicio pleno de la soberanía, grupos armados irregulares ejercen control sobre territorios que no cuentan con la protección y el control del Estado venezolano que ha dejado un espacio abierto para que ejerzan su poder a través del hostigamiento y el terror.

La expansión de territorios en manos de estas agrupaciones donde continuamente se desarrollan actividades criminales y atentados contra la vida, integridad y propiedades de la población, representa un incumplimiento por parte del Estado venezolano a sus deberes constitucionales, pues a los órganos de seguridad ciudadana corresponde –de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela– garantizar la efectiva protección a la población ante situaciones que constituyan riesgo, vulnerabilidad o amenaza a su integridad física, sus propiedades o el ejercicio de sus derechos.

Por tratarse de los territorios de la frontera esta omisión tiene mayor relevancia debido a que es responsabilidad del Estado preservar la soberanía, seguridad, defensa e integridad territorial en los espacios fronterizos, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución. Y al no preservarla atenta contra la identidad nacional y sustentabilidad de la república.

El proceso de control criminal ocurre en medio de conflictos de posicionamiento entre grupos armados irregulares, tanto guerrillas, facciones de guerrillas, paramilitares y otras bandas delictivas. En sus pugnas por el control del territorio y las diversas actividades ilícitas estas organizaciones someten a las poblaciones a situaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad personal y sus bienes.

Varias veces estas familias se han visto forzadas a escapar en medio de la noche, cruzar los pasos irregulares (trochas) entre Venezuela y Colombia o entre Venezuela y Brasil en búsqueda de refugio al otro lado de la frontera para resguardar sus vidas. El Informe de Actividades para las Poblaciones Indígenas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de marzo de 2020, señala que aproximadamente 5.000 refugiados y migrantes indígenas procedentes de Venezuela se registraron para la fecha en territorio brasileño, y de ellos 3.200 eran solicitantes de asilo; es decir, se identificaban legalmente como personas que habían abandonado su país a la fuerza “debido a un temor fundado de persecución o violación continua de los derechos humanos”.

El 22 de junio de 2019 miles de venezolanos residentes del municipio García de Hevia, del estado Táchira, se desplazaron hasta Puerto Santander (Colombia) debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el grupo paramilitar Los Rastrojos. Otra situación similar se registró el 15 de febrero de 2020 cuando decenas de familias venezolanas buscaron refugio. El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, confirmó que en julio de 2020 fue recibido un “reporte de la Alcaldía de Cúcuta sobre la llegada de personas desplazadas de algunos sectores de Venezuela”.

En julio de 2020, un documento emitido por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) señala que “la situación de violencia armada se ha agudizado en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, particularmente en la que colinda con el área rural de Cúcuta, su área metropolitana y Tibú, debido a los
enfrentamientos entre grupos armados organizados que se disputan el control territorial y el manejo de las economías ilícitas”. Destaca además que “en este escenario, desde mediados de junio hasta mediados de julio al menos 167 personas (50 familias), 120 de nacionalidad venezolana y 47 pertenecientes a una comunidad indígena wayúu, se desplazaron desde el estado de Zulia, sector Caño Motilón (Venezuela), hacia zona rural de Cúcuta (Colombia). Ese desplazamiento se da en busca de protección para salvaguardar sus vidas por los constantes enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados con presencia en el territorio venezolano”.

Las poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han sido despojadas de sus territorios abandonados por el Estado venezolano, lo que ha llevado a que incluso comunidades de la etnia yukpa se desplacen a la frontera entre Táchira y Norte de Santander, donde permanecen en condiciones precarias.

El 28 de agosto de 2020 FundaRedes acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitarle al defensor nacional atención inmediata para las comunidades indígenas vulneradas por la actuación indiscriminada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), células de Hezboláh y las organizaciones criminales denominadas “sindicatos” que arremeten contra los indígenas en el estado Bolívar. La denuncia también fue presentada en el ámbito internacional ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y ante el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas donde se consignaron los elementos probatorios documentados de los casos.

HUYENDO DEL TERROR

Apure, estado de los llanos ubicado al sur de Venezuela y limítrofe con el Departamento de Arauca (Colombia), fue escenario de cruentos combates desde el 21 de marzo de 2021 entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Frente Décimo de las disidencias de las FARC. A la acción armada se sumaron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo policial que cometió graves violaciones de derechos humanos en varios poblados, lo que motivó desplazamientos forzados hacia Colombia de por lo menos 6.000 personas. Son desplazados de una violencia inédita en la frontera venezolana que, entre otras cosas, evidencia la ausencia de planificación basada en el análisis de escenarios que prevea daños colaterales. Los enfrentamientos en Apure han dejado civiles y soldados asesinados, mientras se desconoce con precisión el número de heridos, desaparecidos y desplazados.

Activistas de FundaRedes en Apure han hecho monitoreo diario de los acontecimientos, además la organización envió una representación a la población colombiana de Arauquita para conocer de primera mano la situación de los desplazados y sus familias tras recibir reiteradas denuncias de atropellos y violaciones a los derechos humanos ocurridas en medio del conflicto.

En visita a algunos de los refugios, FundaRedes recabó testimonios que están bajo resguardo. Al preguntarles a los desplazados qué los obligó a huir de sus casas, uno de ellos respondió: “El miedo a que nos mataran, lanzaran bombardeo o que nos agarraran, era eso más que todo, que pagaran justos por pecadores; lo primordial fue el miedo a perder la vida, el temor mío fue por mis hijos”. Otro argumentó que había decidido irse de El Ripial porque “estaban reclutando jóvenes”.

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