Familiares de «presos políticos» exigen garantía al debido proceso de sus allegados
Guillermo Navas, abogado y defensor de derechos humanos, aseguró tener pruebas sobre casos en los que "policías extorsionan a los familiares de los presos políticos"
Al menos 20 familias de «presos políticos» protestaron este martes, 2 de julio, en la sede de la Defensoría del Pueblo, donde exigieron que se garantice el debido proceso para sus allegados detenidos, la recuperación de las instituciones y la investigación de casos de extorsión.
Así lo hizo saber, Francis Fernández, al pedir que sea garantizado el debido proceso para su esposo, Carlos Julio Rojas, quien fue presentado en audiencia preliminar «prácticamente en secreto», ya que familiares y abogados de confianza no fueron notificados.
«Nunca se les avisó a los familiares (…). Nunca se llamó ni se le envió un mensaje a los abogados (…). A Carlos Julio se le viola el debido proceso (…). Ya es hora de que (se) dé la orden para que se puedan juramentar sus abogados«, pidió Fernández, quien calificó como «capricho político» la detención de Rojas, el pasado abril.
Fernández, dijo que su esposo, quien fue acusado de un supuesto plan de asesinato contra Nicolás Maduro, «nunca ha atentado contra la vida de nadie«, sino que es periodista y utiliza su profesión como «trabajo público».
Además, pidió la recuperación de «las instituciones del Estado», que -aseguró- «han perdido forma».
«A las instituciones del Estado se les olvidó que existe un libro que se llama la Constitución nacional. Existe un libro que es el Código Penal venezolano, el Código Civil (…). Basta de tantas arbitrariedades, basta de tantos abusos«, exigió Fernández.
«Policías extorsionan a los familiares de los presos políticos»
Por su parte, Guillermo Navas, abogado y defensor de derechos humanos, aseguró tener pruebas, sin mencionar cuáles, sobre casos en los que «policías extorsionan a los familiares de los presos políticos«, por lo que pidió a la Defensoría del Pueblo crear una comisión para investigar estas denuncias.
Asimismo, pidió respetar la presunción de inocencia y el de ser juzgado en libertad.
«(A) los privados de libertad se les niega el derecho a nombrar un abogado de confianza y el Estado le pone un abogado público que se encompincha (ponerse de acuerdo) con los jueces y con el fiscal para privar de libertad a ciudadanos inocentes», denunció Navas.
*Con información de EFE*
