Exigen renuncia del Defensor del Pueblo por silencio ante caso Oscar Pérez
Un grupo de defensores pro Derechos Humanos protestaron este viernes en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir al jefe del organismo que, Alfredo Ruiz, que se pronuncie e investigue la “masacre de El Junquito, tal y como calificaron el operativo policial del pasado 15 de enero en el que resultó asesinado el policía rebelde, Óscar Pérez y otras nueve personas.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó de “inaudito” que hasta el momento el Ruiz no haya emitido ningún pronunciamiento ante el ajusticiamiento de los sublevados al gobierno de Nicolás Maduro.
“En este operativo no hubo presencia ni de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio Publico, asimismo pueden revisar las redes sociales del organismo donde para ellos esté hecho criminal nunca sucedió”, afirmó.
Rojas comparó este hecho donde fue asesinado Óscar Pérez y sus compañeros con crimines de lesa humanidad de la talla de las masacres de Cantaura, Amparo o el mismo asesinato de Jorge Rodríguez padre.
El defensor de DDHH recordó también que durante las protestas por hambre iniciadas desde finales del año pasado han sido asesinadas siete personas, entre las cuales destaca una joven embarazada de la parroquia Antímano, la cual contaba con apenas 18 años y quien recibió un impacto de bala en la cabeza de manos de un Guardia Nacional el 31 de diciembre de 2017.
“Alfredo Ruiz ha hecho un silencio cómplice ante el homicidio de Alexandra Conopio y muchas otras personas que perdieron la vida solo por salir a la calle a exigir comida, ante esta actuación inmoral lo menos que podría hacer el defensor es poner su cargo a la orden”, manifestó.
En tal sentido, instó a la Defensoría del Pueblo que inicie una investigación sobre estos presuntos crímenes, cuyas responsabilidades, según Rojas, recaen sobre el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol y el presidente Nicolás Maduro.
Por su parte Roland García, coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia región Venezuela, informó que todos estos casos de violación de derechos humanos serán llevados a instancias internacionales, como la Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI).
