Exigen justicia para Luigi Guerrero, uno de los ocho estudiantes muertos en protestas de Táchira
Según cifras de la ONG Foro Penal en el estado Táchira, en las protestas contra Nicolás Maduro entre el 2017 y 2019 han fallecido 19 personas, de ellas, ocho son estudiantes de diversos niveles de bachillerato y de las universidades de la entidad.
Entre los casos, destaca el asesinato de Luigi Guerrero Ovalles, de 24 años de edad, y estudiante del cuarto año de la escuela de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes, quien perdió la vida el pasado 23 de enero de este año, en medio de una protesta que se llevaba a cabo en el centro de la ciudad de San Cristóbal.
A seis meses del hecho, la madre del joven, Julieta Ovalles, responsabiliza a las FAES de la muerte de su único hijo. “Los responsabilizo porque las pruebas los señalan a ellos, las pruebas, los testimonios, los videos todo arroja hacia ellos”, expresó Ovalles, quien esta semana estuvo en la plaza Los Mangos de San Cristóbal, con un grupo de estudiantes de la ULA para pedir justicia por la muerte de Guerrero.
Ovalles precisó que desde la muerte de su hijo abandonó el trabajo y se ha dedicado a investigar minuciosamente cada detalle del momento en que sucedió el hecho. Narró que ha ido por todo el centro de San Cristóbal, ha visitado los comercios y las casas donde viven las personas que estuvieron ese día en el lugar, ha logrado contactar por redes sociales a los jóvenes que participaron en la manifestación. Dijo que a través de las redes sociales también halló videos y fotos que la han ayudado a armar el caso.
Rechazó que el Cicpc no haya hecho la investigación necesaria para dar con el responsable de la muerte de su hijo y le ha tocado a ella dedicarse a esa tarea. “El Cicpc esconde la información, en donde mi hijo cayó herido hay cámaras de seguridad por todos lados, y el Cicpc tiene los video y ellos no me los quieren entregar”, expresó, al mismo tiempo que indicó que en siete oportunidades ha solicitado los nombres de los funcionarios que el 23 de enero estuvieron en el lugar donde falleció su hijo, y no se los han entregado.
Julieta Ovalles aseguró que llevará el caso a instancias internaciones porque el responsable deber pagar. Le pidió a los pesquisas que no sean cómplices de este hecho que la dejó sin su único hijo quien además de estudiar, trabajaba para ayudarla a ella y a su abuela. “A los culpables les digo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y entre el cielo y tierra no hay nada oculto, lo que ellos hicieron encubierto, Dios lo va a sacar a la luz”, afirmó.
Ocho estudiantes que nunca se graduarán
El caso de Luigi Guerrero es el más reciente, pero la muerte de los otros siete estudiantes aún continua vigente, pues ni sus familiares, ni las ONG encargadas de documentar estos hechos han permitido que se olviden.
No solo el Foro Penal en el Táchira ha trabajado los casos de los estudiantes y de las otras 11 personas asesinadas, también lo hacen fundaciones como Proyecto 860 y Movimiento Vinotinto, entre otras.
A través de estas organizaciones que hacen vida en el Táchira, se ha podido conocer que entre los estudiantes muertos por la represión de los cuerpos de seguridad y grupos armados se encuentran: Jackson Enrique Hernández Hernández, quien era un estudiante de 16 años que murió en abril del 2017 cuando se encontraba observando una protesta en el municipio Capacho Nuevo y lo alcanzó una bala en la cabeza, disparada por desconocidos que abrieron fuego contra los manifestantes desde un carro.
Asimismo, en la lista figura el estudiante José Francisco Guerrero, de 15 años de edad, herido el lunes 17 de mayo del 2017 por un impacto de bala que entró por la espalda y salió por el abdomen. El hecho ocurrió en el municipio San Cristóbal. Ese mismo mes se conoció de la muerte Daniel Rodríguez, alumno de la escuela de Derecho de 18 años, asesinado en el municipio Córdoba. El joven recibió un impacto de proyectil en el cráneo.
Para el mes de junio del año 2017 se conoció del asesinato de José Gregorio Pérez, de 21 años, estudiante de la UPEL Táchira, quien se encontraba en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. El joven era estudiante de sexto semestre de Educación Física de la UPEL.
José Gustavo Leal Villasmil es otra de las víctimas de la represión, el estudiante de 18 años recibió un impacto de bala en la cara mientras manifestaba con otros jóvenes en el Liceo Alberto Adriani de la ciudad de San Cristóbal.
Dos días después del asesinato de Leal Villasmil, los tachirenses fueron sorprendidos con la muerte de Luis Eduardo Ortíz, de 16 años, asesinado cuando grupos civiles armados que desde motocicletas dispararon a quienes se encontraban en una protesta en el municipio Cárdenas de Táchira. El menor de edad fue herido por un disparo en el tórax.
Destacan los asesinatos de los estudiantes de 13 y 15 años de edad, Adrián Smith Rodríguez Sánchez y Daniela de Jesús Salomón Machado, respectivamente. El primero falleció a causa de un disparo en la cabeza que recibió cuando caminaba cerca de un centro de votación en el sector El Calvario de Capacho Viejo y la segunda en medio de una manifestación en la Plaza Venezuela de La Concordia en la ciudad de San Cristóbal, justo cuando un grupo de civiles armados, conocidos como colectivos, abrieron fuego contra los ciudadanos. La menor recibió un impacto de proyectil en el tórax.
