En el gobierno de Nicolás Maduro se silencian las torturas (I)
El primer trimestre del año ha sido marcado por la toma de decisiones. El primer paso lo dio Juan Guaidó al juramentarse presidente encargado de Venezuela, un escenario al que el gobernante Nicolás Maduro ha respondido con mayores presiones a la disidencia política y a la prensa.
Más de 26 periodistas acechados y las innumerables torturas que se están realizando a los militares que deciden caminar por la línea que predica la protección al pueblo venezolano.
Según cifras de la Organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos, Cofavic, entre los años 2017 y 2018, se registraron un total de 3.684 presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional, cifras que dan cuenta del incremento y de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país.
El teniente de Aviación, Ronald Alirio Dugarte Silva tuvo la valentía de grabar de forma insospechada algunos de los cuartos donde se evidencian las pruebas de tortura que se cometen en la prisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, especialmente contra funcionarios militares que se han puesto del lado del pueblo.
En compañía de la abogada Tamara Suju, quien mostró dichos vídeos ante la OEA en el que se observa como el capitán Juan Carlos Caguaripano se niega a desayunar, pues manifiesta sentir dolor de estómago y estar orinando sangre.
También el teniente Ronald Dugarte sustrajo de la DGCIM un video que le ordenaron grabar para dejar constancia de que el Capitán Caguaripano no quería comer. En él denuncia problemas de salud, pues orinaba sangre. #20Mar pic.twitter.com/nhIzAPwwEO
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) March 20, 2019
El mismo material audiovisual revela el “cuarto de tortura”, donde se encuentra el coronel Jhonny Rafael Mejias Laya atado y con los ojos vendados, asegura que “duró 30 días” de esta manera. Suju aseguró, que en el primer trimestre del año se habrían incrementado las torturas debido a la desesperación del mandatario Nicolás Maduro.
Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga, quien reside como exiliada política en la República Checa desde 2014 y que está acusada en Venezuela de «traición a la patria» y de «desestabilización», aseguró que el Instituto CASLA «ha documentado en dos meses 40 nuevos casos de tortura, dentro de los cuales se incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares», y al menos ochos muertos.
«La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad han marcado este casi primer trimestre del 2019 como el más duro y cruel en su alcance», apuntó Tamara, quien en noviembre habría advertido ante la OEA de que hasta esa fecha se habían documentado 106 casos de tortura en territorio venezolano.
Torturas y torturadores
Las torturas cometidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron expuestas por el teniente Ronald Alirio Dugarte, quien se identificó como exfuncionario de esa unidad, y quien a través de una videoconferencia vía Skype desde un lugar que no precisó, explicó el trato al que son sometidos los detenidos en una sede en Caracas.
«No me había imaginado ver tantas atrocidades inhumanas como las que viven los prisioneros», relató el exmilitar, vestido con un uniforme de la Aviación.
El mismo aseguró que nunca pudo ingresar «en el área donde torturaban a los prisioneros», la cual describió como «restringida» y a la que tenía acceso «personal autorizado».
El dicho informe se documentan el testimonio de al menos cinco familias que fueron perseguidas por los órganos policiales y militares de Venezuela. Las violaciones familiares empezaron después de que uno de sus miembros decidiera desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Suju relató que además de torturas tienen reseñados casos de presunta desaparición forzada y asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela.
A estas denuncias se le suman evidencias recopiladas sobre el recrudecimiento de las prácticas de torturas, entre los nuevos hallazgos se encuentran:
- los familiares de los privados de libertad y/o perseguidos del Gobierno son víctimas de la práctica de torturas.
- A los golpes en zonas vitales, descargas eléctricas, abuso sexual con objetos como palos y las asfixias con bolsas se le suma la aplicación de sustancias químicas durante las torturas.
- Los uniformados mantienen a civiles secuestrados por funcionarios policiales y militares en centros de torturas clandestinas para extorsionar a los parientes. Son amenazados de muerte, para evitar la denuncia. Se supo que las casas clandestinas son imputadas en hallazgos contra el narcotráfico.
“Utilizan centros de torturas clandestinas, que algunas veces se trata de viviendas incautadas al narcotráfico. También se les conoce como casa de tortura. Una de ellas está en la avenida Manuel Sáez de San Bernardino (Distrito Capital)”, indicó Suju.
Ronald Dugarte Silva, agregó que hay centros de presuntas torturas dentro de Fuerte Tiuna “De esto solo tienen conocimiento la milicia cubana y los colectivos, que no son sino paramilitares. Ellos son adiestrados, formados, entrenados, equipados y armados militarmente. Además de eso, portan credenciales de la Dgcim lo que les da poder de hacer lo que quieran”, agregó el exfuncionario.
Tales son las torturas perpetradas que se conoce el caso de el Mayor GNB Abraham Suarez Ramos, quien estaría preso de la sede del Dgcim en Boleíta y que producto de las torturas a las que fue sometido intentó ahorcarse.
Atención: Fuentes Confirman que el Mayor GNB Abraham Suarez Ramos preso en el DGCIM de Boleíta Ccs, producto de las torturas que recibe a diario, intento ahorcarse y fue rescatado por su compañero de celda, esta desde la 6am del 19/3/2019 en el HospiMil #Venezuela @jguaido #FANB pic.twitter.com/EMpDicp05K
— LaNoticiaDelCaribe (@LaNoticiaCaribe) March 20, 2019
El informe entregado en la OEA no solo muestra la tortura de los funcionarios, las nuevas prácticas y la persecución a los familiares; en este también se señalan con nombre y apellido a dos fiscales del Ministerio Publico y el de un fiscal de la jurisdicción militar.
Dinora Bustamante y Farith Mora; Fiscales del MP y Manuel Echenique fiscal militar fueron señalados en dicho informe como testigos de los abusos cometidos a puerta cerrada en el Dgcim.
“Son fiscales en la sede del Dgcim donde son testigos de las atrocidades y las torturas. Tienen oficinas habilitadas en la que planifican y ordenan todas las atrocidades que les aplicarán a quienes consideran sus enemigos”, aseguró Tamara Suju.
Ellos son los fiscales Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante. Ambos denunciados ayer por tener oficina dentro del DGCIM desde donde operan para reprimir y perseguir. Evidentemente las órdenes son directas: Maduro, Reverol, Vladimir, William Saab. pic.twitter.com/vuyWLwQA2Q
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 21, 2019
A estos se les suman 15 oficiales del Dgcim que estarían implicados en la aplicación de presuntas torturas a los detenidos de ese componente y que se señalan con nombre y apellido en la siguiente lista:
- Rafael Franco Quintero
- Alexander Graco Artiaga
- Néstor Blanco Hurtado
- Janover Guerrero
- José Sánchez Castro
- Germán Sánchez
- José Castillo
- Jesús Cárdenas
- Jonathan Becerra
- Keyer Chacón
- Abel Angola
- Johana González
- Isaac Estévez
- Diurte Amaro
- Saúl Méndez
Jonathan Pérez Noguera sería el señalado número 16. Este hombre es un “colectivo”, como se le conoce a los integrantes de grupos armados afines al Gobierno de Maduro. Según la abogada, él participa en las presuntas torturas aplicadas junto a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
Los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten actos que violen la Constitución incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores. #13Mar
— COFAVIC (@COFAVIC) March 13, 2019
