En 2022 hubo 396 ataques contra defensores de derechos humanos, según CDJ
El CDJ indicó que el año 2022 estuvo marcado por la continuidad de las restricciones al «espacio cívico y democrático» del país
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que en 2022, se registraron 396 ataques contra organizaciones y activistas de derechos humanos en Venezuela.
El informe anual publicado por la ONG indica que esto supone la reducción de un 47% con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 743.
«Esto se debe, principalmente, a una reducción durante el año en el número de actos de estigmatización emitidos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales», indicó la organización.
En el período, el CDJ registró 246 casos de estigmatización, 95 de intimidación y hostigamiento, 34 amenazas, 8 ataques digitales, 4 casos de judicialización, 2 «detenciones arbitrarias» y otros 7 sin especificar.
Asimismo, reportó que 267 ataques contra ONG (67 %) y 129 (33 %) fueron cometidas de manera individualizada en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Restricciones al espacio cívico
El CDJ indicó que el año 2022 estuvo marcado por la continuidad de las restricciones al «espacio cívico y democrático» del país. En este periodo, la «política de criminalización, represión y control generó graves afectaciones principalmente a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos».
«Se documentó un aumento del uso del derecho penal para perseguir, amenazar e intimidar bajo la lógica del enemigo, así como la continuidad de las medidas que criminalizan la cooperación internacional», añadió.
Sostuvo que los hechos ocurridos el año pasado evidencian que los niveles de riesgo para los activistas de derechos humanos «siguen siendo altos», ante la inexistencia de mecanismos o políticas públicas que promuevan y protejan el trabajo de las personas de las ONG venezolanas.
La organización exhortó a seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos de los activistas.
«Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias», agregó.
