Empresas privadas apuestan a salarios justos
El sector privado ofrece mejores reivindicaciones salariales a sus empleados que las que ofrece el Estado, puesto que la cifra de 18.000 bolívares mensual no es suficiente para que un ciudadano pueda cumplir con sus necesidades básicas.
Un estudio realizado por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas) indicó que el precio de la canasta básica es de 1.957.826 bolívares, es decir, que se necesitan más de 70 salarios mínimos para poder adquirirla.
Durante una mesa de análisis sobre “el Plan País” organizada por el Observatorio de Gasto Público de Centro de Estudio y Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), representantes de distintos sectores se reunieron junto a diputados para discutir lo que consideran debe estar contemplado en la Ley del Trabajo de la “nueva Venezuela” y apuestan a que se contemple la “Ley del Trabajo decente”.
Este es un concepto que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se refiere a que los empleadores ofrezcan empleos productivos que generen un pago justo, seguridad en el ambiente de trabajo y además un plan de protección social a sus familias.
“Las sociedades cambian únicamente cuando cambia la manera de trabajar” fue lo que manifestó Maryolga Girán, presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, quien hizo énfasis en que tiene que haber un cambio en la normativa laboral y el rescate del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince) para que ambos contribuyan en la formación de los ciudadanos y en el diálogo social.
José Elías Torres, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), por su parte, manifestó que tiene que haber una reprivatización de las empresas que permitan impulsar la inversión de empresas internacionales y reactivar la producción. Según su opinión el “Plan País no es la solución del problema pero si es una vía de esperanza para salir de la crisis”.
En esta actividad también participó el diputado y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Trujillo, quien señaló que las leyes no se deben cambiar, deben ser modernizadas.
Para Trujillo, los sueldos deben ser indexados, es decir, se deben ajustar mediante un índice de precios que permitan que el poder adquisitivo se mantenga. Señaló además que los subsidios del Estado para la población más vulnerable deben continuar en el proceso de transición de la nueva Venezuela.
Marco Bozo, diputado por el estado Carabobo, denunció que “50% del gasto público del país se va en el mantenimiento del gobierno, en la inversión, en propaganda política y en subsidios que tienen doble función”. Él considera que despolitizar los sectores sindicales es fundamental.
Bozo detalló que para lograr que las industrias se desarrollen nuevamente hay que lograr el cambio de gobierno, lo que va a generar seguridad y estabilidad política y atraer nuevamente la inversión.
