A principios de 2019 la crisis económica, política y social de Venezuela se agudizó: aumentaron las muertes por la escasez de medicamentos, las denuncias por desnutrición infantil, la educación en emergencia, colapso de los servicios públicos, salarios bajos que no alcanzan para cubrir con las necesidades básicas, son algunas de las consecuencias que esta situación ha acarreado.
La crisis y la diáspora de venezolanos causó alarma en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y varios países latinoamericanos recolectaron en el exterior insumos y alimentos como parte de la ayuda humanitaria, pero la misma no ha podido ser entregada por completo en el país.
Hasta ahora, la única organización autorizada por el gobernante Nicolás Maduro para hacer entrega de algún tipo de ayuda, es la Cruz Roja Venezuela y la Media Luna Roja, además de los gobiernos de Rusia y China. El primer cargamento, de 20 toneladas, constaba en 70% de plantas eléctricas para centros de salud y 30% de kits de insumos médicos.
Carlos Eduardo Prosperi, médico cirujano, denunció que a pesar de que la Cruz Roja iba a distribuir insumos y medicinas en el hospital pediátrico JM de los Ríos y en el Hospital Clínico Universitario (HCU) ahora la misma será entregada en otros hospitales por una decisión que tomó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en conjunto con el director de este organismo internacional en Venezuela, Carlos Ruiz.
«El ministro de Salud, Carlos Alvarado, le exigió a la Cruz Roja, que distribuyera estos insumos en los hospitales: Pérez de León II de Petare, Hospital Periférico de Catia, Hospital Barquero de Guatire y el Hospital de la Cruz Roja en San Bernardino», manifestó Prosperi.
Decisión que rechaza porque el HCU y el JM de los Ríos son los centros de salud que atienden a la mayor cantidad de pacientes crónicos y vulnerables que hay en el país, además de que se han hecho denuncias espeluznantes en cuanto a las condiciones de ambos hospitales.
“A ellos no les importa que se siga desgarrando la vida de nuestros pacientes, no les importa perder el futuro del país, ni la pérdida que sufren los familiares”, dijo Prosperi.
Los pocos insumos que hay en las instituciones públicas de salud son llevados por los mismos pacientes y por los médicos que realizan campañas de recolección.
Educación colapsada
El Centro para la Paz y los Derechos Humanos «Padre Luis María Olaso» de la Universidad Central de Venezuela fue una de las organizaciones que participó en la solicitud de ayuda humanitaria, sobre todo para denunciar el estado en el que se encuentran las universidades públicas de todo el territorio nacional
«Cuando se hicieron las primeras solicitudes, Venezuela tenía 15 años sin ser evaluada por la Organización de las Naciones Unidas y se pensaba a escala internacional que esto era un paraíso», asegura el Investigador del Centro para la Paz, Juan Carlos Barreto.
Sin embargo, ya la situación se ha hecho sumamente evidente. En el caso del sector educativo son muchos los problemas que le aquejan y uno de los principales es la falta de inversión por parte del gobierno nacional.
«En 2015 el Estado dejó de invertir en educación, salud y alimentación pero sí invirtió en armamento», señaló el investigador, quien alega que esto ha imposibilitado la realización de trabajos especiales, investigaciones, publicación de revistas y la capacitación de docentes en el exterior.
La deserción estudiantil también se ha hecho evidente, según las cifras que maneja Barreto «al menos 20 estudiantes abandonan la universidad a diario» principalmente porque tienen que dedicarse a trabajar para poder costear sus gastos alimenticios y de transporte.
En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la falta de inversión también ha causado un efecto negativo pues el servicio de transporte y el del comedor ya no funcionan.
«Antes los alumnos y el personal podían por lo menos comer aquí, pero desde el 2016 el comedor no funciona. En el 2018 solo abrió sus puertas durante tres meses y ni siquiera fueron continuos. Este año no hemos tenido esa suerte», aseguró el investigador.
Las facultades de Ciencia, Farmacia, Odontología y Bioanálisis son de las más afectadas, no sólo porque los estudiantes no pueden hacer sus prácticas, también porque esto afecta a la ciudadanía en general pues allí se prestaban servicios de salud pero «desde que la universidad dejó de recibir divisas, no se pueden comprar los insumos básicos y mucho menos los reactivos», contó Barreto.
«La universidad hizo un llamado en el que ofreció su planta eléctrica, sus conocimientos en el sector salud en todas las áreas para apoyar en la distribución de forma imparcial pero hasta ahora no ha sido tomada en cuenta y esta propuesta sigue en pie», afirmó. Hasta la fecha no han recibido insumos, a pesar de las súplicas y alertas.
Sobre si la ayuda humanitaria es una alternativa para los venezolanos, Barreto manifestó que «es complicado porque no tenemos una cifra oficial en cuanto a la cantidad de gente que necesita ayuda y son las universidades las que pueden recabar esta información pero la falta de dinero lo dificulta».
El investigador manifestó su preocupación en cuanto al seguimiento que se está haciendo a la distribución de la ayuda humanitaria pues opina que este no existe. «Si le entrego un alimento a una madre de un niño desnutrido y luego no se le entrega más, el niño sigue corriendo el riesgo; es como echar algo en un saco que tenga un hueco y eso es lo que está pasando».
Uno de los principales pilares para el desarrollo de cualquier nación es preservar y fomentar la educación, sector que en Venezuela aún se mantiene en pie por la vocación tanto del personal docente, como de la comunidad estudiantil.
