«Destituciones en la FANB es una intromisión del Ejecutivo en asuntos de jurisdicción militar»
La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo, cuestionó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, destituyera y expulsara de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a 24 oficiales, entre activos y retirados, por no estar en la línea del chavismo sino en el de oposición. Camejo consideró el acto como «una clara intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción militar».
“El Presidente de la República, aún siendo Comandante en Jefe de la FANB, no está facultado, ni tiene entre sus atribuciones, previstas en el artículo 236 de la Constitución nacional vigente, aplicar la degradación como pena accesoria en la jurisdicción penal militar”, reiteró la experta en justicia militar.
Según lo tipificado en el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), artículo 28, el Jefe de Estado es funcionario de justicia militar. Ante esto Camejo puntualizó que en el artículo 64 del referido reglamento legal, no contempla entre sus atribuciones que pueda aplicar a militares la pena de degradación.
@LiliaCamejoG, directora ejecutiva de @JusticiaOrg, denuncia imcremento de desapariciones forzadas de venezolanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado y grupos irregulares l #7Feb. pic.twitter.com/f1mXHeClcZ
— Justicia Venezolana (@JusticiaOrg) February 7, 2018
Al respecto, la abogada sumó que la degradación, según el artículo 464 segundo aparte del COJM, es una pena accesoria a la de presidio, cuya aplicación corresponde a un juez penal militar, en función de ejecución de sentencia. “Solo se aplicará mediante una sentencia condenatoria definitivamente firme y con autoridad de cosa juzgada”, dijo.
Sobre los oficiales sancionados en el decreto 2.399 publicado en Gaceta Oficial N° 41.350 de este 28 de febrero de 2018, Camejo resaltó que ninguno de los militares profesionales han sido condenado a pena de presidio, tal como lo exige el COJM.
También Camejo recordó que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público (Poder Ejecutivo) que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Carta Magna y la ley, es nulo y que en base al artículo 25 Constitucional, el Presidente de la República como funcionario público, «corre el riesgo de ser enjuiciado penal, civil y administrativamente, por abuso de autoridad y de poder, al actuar fuera de la esfera de su competencia».
